A Alberto Fabra se le acumulan los problemas en las Cortes Valencianas. Tiene un diputado a la espera de juicio -Pedro Hernández Mateo-; otra media docena -entre ellas la antigua cúpula del PP, un exvicepresidente de la Generalitat y dos de las cuatro últimas consellerras de Turismo- están imputados en la supuesta financiación ilegal de los populares a través de la red Gürtel; el síndic parlamentario, Rafael Blasco, pendiente de la decisión del TSJ sobre su imputación en el fraude de Cooperación; y ahora Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, en la misma situación que Blasco pero por el presunto amaño del PGOU de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz. Diez diputados que, números en mano, le condicionan su mayoría absoluta.
En esta tesitura, el síndic del PSPV en las Cortes, Antonio Torres, ofreció ayer a Fabra el respaldo de los diputados socialistas para garantizar la estabilidad parlamentario y la gobernabilidad pero a cambio de que el presidente de la Generalitat expulse de su grupo a la decena de parlamentarios inmersos en investigaciones por corrupción. "Nosotros estamos dispuestos -explicó Torres- a facilitar que el Consell pueda sacar adelante todos los grandes temas. Nuestros diputados se abstendrían o dejarían de votar para facilitar que el gobierno tuviera una mayoría suficiente en el parlamento autonómico". No hubo respuesta alguna por parte de los populares. Pero la pelota está ahora en el tejado de la sede del PP.
