El PP descarta el relevo de Castedo en la Alcaldía

Con las investigaciones por corrupción que azotan a los populares valencianos y que afectan, hasta ahora, a once miembros de su grupo en las Cortes, Alberto Fabra está entre la espada y la pared. Cualquier medida que tome con uno de los diputados la tendrá que aplicar al resto. Así que, de momento, seguirá a pies juntillas lo que determinan los nuevos Estatutos del PP, aprobados el pasado mes de febrero y que marcan una línea roja para los cargos públicos que figuren en investigaciones por corrupción. A Castedo y Alperi, por tanto, se les aplicará la misma receta que al síndic del PP en las Cortes, Rafael Blasco, que también está a la espera de resolución del TSJ por el fraude en las ayudas a las ONG: No habrá expediente hasta que se produzca una imputación formal por parte del alto tribunal valenciano.

De alguna manera, el presidente provincial del PP y vicesecretario regional, Miguel Ortiz, confirmó esa estrategia ya trazada por Fabra. "Es un trámite más. Hay que respetar la presunción de inocencia porque no hay una imputación formal. Desde el PP mostramos ofrecemos nuestra colaboración a los tribunales. La hoja de ruta del presidente Alberto Fabra, en todo caso, esta clara y marcada en los Estatutos del PP", recalcó Ortiz. ¿Y cuál es esa hoja de ruta? La cúpula popular, de momento y pese a las presiones de cargos públicos que piden mano dura para tratar de ofrecer imagen de credibilidad, se mantendrá a la espera y actuará una vez que el magistrado Juan Climent, instructor de la causa del PGOU en el TSJ, empiece a tomar decisiones.

Pero cuando Climent resuelva sobre la imputación de Castedo y Alperi, a renglón seguido se procederá, como apuntaron fuentes del PP, a la apertura de un expediente, algo que podría producirse en unas semanas. Queda a criterio del comité de derechos y garantías, si los hechos son lo suficientemente graves como para decretar una suspensión cautelar de militancia. Dirigentes del PP ya analizaban ayer con detalle el auto judicial. La situación de Alperi no preocupa en exceso. Es un cargo político ya amortizado y con fecha de caducidad en las Cortes, su última parada política. Pero sí la de Sonia Castedo, alcaldesa de la capital de la provincial y cabeza de lista autonómica del PP por Alicante.

A la espera del camino que tome el TSJ, la cúpula popular quiere afrontar con cautela los pasos que afecten a la carrera política de Castedo. Así las cosas y salvo contraorden, la dirección del PP descarta promover a corto plazo su relevo en la Alcaldía de Alicante. La aguantarán, como mínimo, hasta que el magistrado Juan Climent tome una decisión sobre la apertura de juicio oral. En ese caso y en tanto que los delitos que se le atribuyen supondrían inhabilitación y cárcel, sería obligatorio instruir un expediente disciplinario -como el que se abrirá a Pedro Hernández Mateo- que incluiría la correspondiente sanción y, en esas circunstancias, el PP sí se plantearía el relevo de Sonia Castedo en la Alcaldía de Alicante.

El auto que eleva el supuesto amaño del PGOU se conoce, además, cuando resta poco más de una semana para el congreso provincial del PP que debe elegir a José Císcar como presidente. Era un cónclave, sobre el papel, tranquilo. Ahora ya no lo será. La situación de Castedo lo condiciona. Cualquier detalle, especialmente el nuevo código ético y la presencia de la alcaldesa en la convocatoria, cobra ahora importancia. No habrá papeles destacados en el nuevo organigrama provincial del PP para los implicados en ninguna investigación por corrupción. Y Castedo no lo tendrá. Pasará a un segundo plano. Será la primera consecuencia directa de los efectos de Brugal.