¿Algún maestro se quiere suprimir voluntariamente? La respuesta es claramente negativa pero ayer las dudas atormentaban a cientos de maestros en Alicante, procedentes de numerosos puntos de la provincia, cuya presión acabó paralizando el acto de adjudicación de plazas a los desplazados de su colegio por los recientes recortes, porque nadie sabía a quiénes afecta la última supresión de aulas y de puestos aprobada por Educación y publicada en el DOCV el miércoles: 135 aulas y 200 maestros en la provincia, sin nombres ni apellidos.

El caos administrativo que desplegó ayer la dirección territorial de Alicante acrecentó la angustia de los presentes, que ni siquiera tenían la certeza de ser los afectados por la supresión de puestos de trabajo en su centro: "No se han podido reunir ni los claustros ni los consejos escolares para informarnos y puede que algún compañero quiera cambiarse de centro, no tenemos por qué ser los últimos en llegar; pero tampoco queremos que nos obliguen a ir a otro centro en septiembre por no venir a la adjudicación presencial", se lamenta Inmaculada Calatayud, del Miguel Hernández de Alcoy. "Han suprimido dos maestras en mi centro pero no nos han convocado personalmente y no queríamos perder el derecho".

Ni si ni no, sino todo lo contrario

Ni podían escoger plaza -varias vacantes de las expuestas estaban incluso suprimidas- ni tampoco volver a casa hasta no saber a qué atenerse. La inquietud se apoderó de los maestros y los representantes sindicales de CC OO y STEPV, Francisco García e Ignasi Amorós, celebraron una asamblea improvisada en el hall de Educación para actuar como una sola voz: "No vamos a consentir esto" -declararon entre las indignadas intervenciones de los maestros-.

La presión de los docentes anuló finalmente el acto, plagado de errores, y se pospone al día10 de julio, aunque Educación no lo ha confirmado. Los centros no han podido celebrar ni claustros ni consejos escolares para determinar los maestros desplazados, por eso se entregaron numerosos recursos de reposición individuales contra el irregular trámite de una adjudicación de plazas de la que no se conocían más que 33 nombres, correspondientes en realidad al arreglo escolar de febrero. La supresión de aulas y de maestros, sin embargo, se ha más que duplicado a raíz de la resolución publicada el miércoles, que incluye las consecuencias directas de subir la ratio de alumnos por aula.