El seguimiento de la huelga convocada contra la "privatización de la sanidad y los recortes", que ha incluido paros de una hora en los hospitales y centros de salud, ha sido, según los sindicatos convocantes, del 66 por ciento de los trabajadores, mientras que la Consellería de Sanidad lo ha cifrado en el 9,5 por ciento.
Fuentes sindicales han destacado de un total de 21.000 trabajadores sanitarios, 14.000 han apoyado esta protesta, que se ha desarrollado sin incidentes, y han destacado el "amplio rechazo" al "modelo de gestión compartida que pretende imponer la Generalitat Valenciana".
Los sindicatos han presentado una denuncia contra la resolución de los servicios mínimos establecidos por la Consellería de Empleo, ya que éstos no fueron negociados por las organizaciones convocantes y la Consellería de Sanidad, algo que "contraviene la legislación vigente".
Según los sindicatos convocantes, CCOO-PV, UGT-PV, CEMSATSE, CSI·F y USAE, miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad, la incidencia en los hospitales de referencia de las tres capitales de provincia ha sido alta.
Así, en el Hospital la Fe de Valencia ha sido apoyada por el 71 por ciento de los trabajadores sanitarios, en el Hospital Peset por el 72%; en el General de Alicante por el 88 % de los trabajadores y en el General de Castellón por el 48 %.
En cuanto al seguimiento de la huelga en Atención Primaria, los sindicatos han señalado que no disponen de datos fiables debido a la gran dispersión geográfica de centros de salud y consultorios, aunque creen que el apoyo ha sido "más flojos".
Para los sindicatos convocantes, el nuevo modelo de gestión compartida que tiene previsto poner en marcha el Consell "esconde la privatización de la Sanidad valenciana y no un modelo sanitario que pretende capear la crisis económica como se anunció al principio".
También han señalado que las sospechas sobre la "posible ilegalidad del modelo de gestión compartida comienzan a confirmarse con las informaciones de que la Abogacía y la Intervención de la Generalitat han encontrado importantes descuadres legales en el pliego de condiciones de adjudicación de las empresas concesionarias".
Según indican, las principales trabas serían la potestad de la empresa concesionaria para subcontratar servicios en nombre de la Administración, o que el pliego de condiciones no define ni cuantifica cómo y de dónde van a obtener su beneficio las empresas concesionarias.
Los sindicatos consideran que el conseller de Sanidad, Luis Rosado, "está jugando a la ambigüedad al hablar de la 'voluntariedad' del personal fijo e interino a la hora de firmar un contrato con las empresas concesionarias".
"Esta voluntariedad escondería una trampa, como demuestra lo sucedido en los tres departamentos de salud gestionados por concesiones administrativas con la laboralización del personal y la amortización de plazas", han indicado.
Por último, han señalado que la Consellería de Sanidad está actuando "con improvisación y temeridad al querer imponer un modelo de gestión compartida con excesiva celeridad, sin negociar ni consultar a los representantes de los trabajadores y sin haber realizado un estudio previo de otras alternativas públicas".
