La fatídica aplicación del Decreto Ley 1/2012 del Consell está en puertas para los más de 7.500 profesores interinos, de una plantilla de 52.000 docentes en la enseñanza pública, que hayan ocupado una plaza vacante a lo largo de este curso en la Comunitat Valenciana. Todos ellos se van a la calle a fecha del 30 de junio.

Al final, la Conselleria de Educación les pagará 25 días de vacaciones y el finiquito pero dejarán de percibir julio y agosto completos como en cursos anteriores. Según datos ofrecidos en marzo por la titular de este departamento, María José Català, este colectivo experimentará una bajada salarial media de 1.560 euros brutos anuales. La medida puede suponer un ahorro a la Generalitat de más de 15 millones de euros.

Todos los sindicatos docentes han mostrado a lo largo de este año su rechazo. Desde la Federación de Enseñanza (FETE-UGT) explicaron que el decreto de ajustes que prevé un aumento de la ratio de alumnos por clase en un 20%, "supondrá la no renovación del contrato de miles de docentes interinos". De estos contratados de forma interina, un mínimo de 3.000 no verán renovados sus contratos en septiembre por lo que este colectivo caerá a casi la mitad, pues la reducción ronda el 45%.

Por otra parte, la Federación de Enseñanza de CC OO cuestionó "el desmantelamiento de los centros de formación docente" ya que se prevé que de 17 Cefires se pase a 10 con lo cual otras cuarenta plazas de asesores desaparecen, a las que hay que añadir las cincuenta recortadas este curso.

También el sindicato ANPE indicó ayer, tras la mesa de negociación con la conselleria, que volvió a pedir la retirada del aumento de horas lectivas del profesorado de Secundaria, así como el aumento de ratio en todos los niveles. "Además exigimos que se cubran las bajas del profesorado no a los diez días como indican las nuevas instrucciones del curso, sino de forma inmediata" explicó su presidente Laureano Bárcena.

Mientras, el STE-PV criticó la intención de Educación de negociar una nueva ley de Personas Adultas sin haber presentado el borrador a los sindicatos.