El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, dirigido por el magistrado Jacobo Pin, desestimó ayer el recurso presentado por Carlos Fabra y su exesposa en relación a la fianza impuesta de 4,2 millones al considerarla "proporcionada y ajustada a derecho", cantidad económica que, con esta decisión, queda ratificada. El pasado 30 de mayo, la Audiencia de Castellón reconoció el derecho del dirigente del PP -expresidente de la Diputación pero todavía al mando de la cúpula popular en esa provincia- a recurrir la fianza. La resolución judicial, sin embargo, considera ahora, según la información facilitada por el TSJ (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana), que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "se limita a establecer un tope mínimo". "Estoy la mar de tranquilo", vino a decir Fabra después de conocer el contenido del auto.

La resolución indica que resulta "evidente" que el citado artículo "no vincula la decisión del juez a la calificación efectuada por el Ministerio Fiscal, sino que, cuando son varias las partes acusadoras personadas, como ocurre en el presente caso, puede basar los cálculos en lo interesado por cualquiera de ellas". Por todo ello, el juzgado asegura que "procede desestimar el recurso de forma interpuesto por Amparo Fernández y Carlos Fabra, ya que la fianza impuesta a éste último no resulta desproporcionada y se ajusta perfectamente a derecho, a la vista de los escritos de acusación de las partes personadas". El importe de la misma, tal y como afirma el juez Jacobo Pin, es un "promedio de sus valoraciones y peticiones e incluso siendo una cifra inferior a lo interesado por la Abogacía del Estado y la Acusación Popular".

De esta forma, el juez confirma el auto de 20 de enero de 2012, que decretaba la apertura del juicio oral, en lo que se refiere exclusivamente al pronunciamiento sobre la fianza a imponer a Carlos Fabra. En este sentido, el presidente del PP en Castellón, que dejará el cargo en el mes de julio, está a la espera de que se fije la fecha del juicio.