La juez y el fiscal que investigan el fraude de las ayudas de Cooperación han desenmarañado un verdadero entramado de empresas, ONG y funcionarios de la Generalitat que trabajaban, según se desprende del sumario, coordinadamente para desviar dinero destinado de Cooperación a negocios particulares. De momento, se investigan proyectos por valor de más de seis millones de euros y la magistrada tendría localizados más de dos, que directamente se habrían ido al enriquecimiento ilícito. Otro millón y medio se utilizó para la compra de cuatro inmuebles en Valencia.

Tras dos operaciones policiales se han detenido a 19 personas e imputado a 27. El cabecilla, el empresario Augusto César Tauroni, se encuentra en prisión desde el mes de marzo. Se investigan delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Sobre el blanqueo, la magistrada ha tenido que decretar un secreto parcial del sumario por miedo a que desaparezca el dinero desviado.

De los 27 imputados, seis son cargos o excargos en la administración valenciana, como el exdirector general de Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá. Las otras 19 personas están relacionadas con distintas ONG y con empresas que recibieron dinero de las organizaciones subvencionadas pese a no realizar ningún trabajo.

En la actualidad, la investigación judicial continúa y no se han descartado nuevas imputaciones, aunque todo apunta a que las pesquisas están muy avanzadas ya que la juez ha decidido inhibirse en favor del TSJ para que investigue si el exconseller de Solidaridad tiene responsabilidades penales en la trama. De momento, ve "indicios de delito" en las actuaciones del síndic del PP.

De los informes periciales y de la Policía se desprende que siete ONG recibieron trato de favor de la Conselleria de Solidaridad para conseguir proyectos. Todo ello con falsificación de documentos y ocultación de informes, ya que la mayoría no estaban cualificadas. Una vez recibida la ayuda, el dinero se transfería a empresas de Miami y Valencia desde donde se pagaba a los colaboradores y se intentaba blanquear. A los países donde se destinaba el dinero oficialmente: Senegal, Nicaragua, Perú, Haití o Guinea, llegó una ínfima parte del dinero.