Empresas contratistas de obra pública que facturaron a la Generalitat casi 1.000 millones de euros entre 2005 y 2009, abonaban facturas a Orange Market por el montaje de actos que, en realidad, nunca fueron organizados por la franquicia valenciana de la red Gürtel. Las constructoras estaban pagando servicios prestados por Álvaro Pérez, "El Bigotes", al Partido Popular, cuyas campañas electorales organizó. Entre otras, las autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Son los trazos generales del escenario de una financiación ilegal del PP valenciano, según la dibujó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el informe que elaboró en el verano de 2009 y que supuso una vuelta de tuerca más al mayor escándalo de corrupción que ha vivido la democracia.

Ahora, esa misma unidad policial ha acreditado que el Grupo Sedesa, a través de dos de sus sociedades y de la fundación, pagó 150.684 euros a Orange Market por supuestos servicios que esta firma nunca prestó. Sedesa Inversiones, Sedesa Obras y Servicios y la Fundación Sedesa tenían como administrador único o presidente a Vicente Cotino Escrivá, sobrino del actual presidente de las Cortes, Juan Cotino, exvicepresidente de la Generalitat. El rastreo de las cuentas bancarias, de la facturación, las hojas excel de la contabilidad B de Orange Market, la revisión del ordenador de Cándido Herrero -consejero delegado- y de las ventas declaradas por El Bigotes -que constan en la Agencia Tributaria- permite concluir a la Policía que las cuatro facturas sobre las que se asentaron los pagos eran "falsas" y sirvieron para "justificar las transferencias de fondos" a cuentas de la trama. "Se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es", dice el informe, que subraya: "El diseño de las facturas presenta un concepto suficientemente amplio y vago, sin un coste individualizado, que permiten acomodarse a las necesidades tanto de Orange Market como de la empresa pagadora". El dinero se ingresó en cuentas de Orange Market del 17 de julio al 17 de diciembre de 2008.

No constan pagos a proveedores

"No se ha hallado documento, archivo, correo electrónico, hoja de costes, factura de proveedores o anotación, en ningún tipo de soporte que indique que por parte de Orange Market se ha producido su participación efectiva en el evento indicado, ya sea de forma directa o a través de la contratación de terceros". Así de tajante se muestra la Policía tras analizar la factura emitida por El Bigotes a Sedesa Inversiones por una supuesta organización de la convención de directivos de las empresas de la familia de Cotino. El acto se celebró el 11 de junio de 2008 en la sede de la empresa y supuso un ingreso de 40.600 euros a Orange Market.

Los supuestos servicios prestados por la empresa Gürtel comprendieron la "planificación, diseño, material audiovisual" o una conferencia titulada "estrategia comercial en tiempos de crisis". En la práctica, la firma de El Bigotes no hizo nada, según explica la Policía. Lo demuestra la contabilidad de Gürtel en la que bajo el epígrafe "Hoja de Costes" se plasmaba el coste real y el beneficio que obtenía la trama, además de los gastos por contratación de proveedores y subcontratas.

Porque Orange Market era una mera firma de eventos, una intermediaria que ni siquiera montó el pabellón valenciano en Fitur en las cinco ediciones en las que se le adjudicó. Era Easy Concept, firma de la red de Correa, la que ponía los medios técnicos. Precisamente Vicente Cotino estuvo negociando con dirigentes de la trama, como Pablo Crespo, la compra de esa mercantil. En aquellas conversaciones participó también el exdirector general de RTVV Pedro García, que está imputado en la causa que en la Audiencia Nacional investiga el juez Pablo Ruz sobre la adjudicación a Teconsa, firma pantalla de la red Gürtel, de la cobertura audiovisual de la visita del Papa a Valencia. Finalmente, no llegó a cuajar la adquisición de Easy Concept por parte de Sedesa.

Un segundo pago que ha sido desnudado por la UDEF corrió por cuenta de Sedesa Obras y Servicios. Ascendió a 40.484 euros por diversos conceptos de publicidad. "Si se hubieran prestado esos servicios (...) los mismos habrían sido subcontratados a un tercero y debería existir una factura de dicho proveedor, algo que no ocurre en este caso", destaca de nuevo la UDEF.