La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga la trama de ONG y funcionarios que habría defraudado entre 3 y 6 millones de euros de ayudas de la extinta Conselleria de Solidaridad al Tercer Mundo, anunció ayer que ve "indicios de naturaleza delictiva" para imputar al extitular de este departamento y hasta ayer portavoz oficial del PP en las Cortes, Rafael Blasco. Al ser Blasco diputado y gozar de fuero, la magistrada deberá enviar su investigación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que será quien continúe con la instrucción y decida si el exconseller acude a declarar como imputado.
Unas dos horas después de conocer la decisión judicial, el portavoz del PP se reunió con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien antes, en una declaración pública, le había insinuado cuál era "el camino que debía seguir". Tras el encuentro, el propio Fabra comunicó públicamente que Blasco dejaba de ejercer como portavoz en las Cortes, aunque el cese en el cargo no será "efectivo" hasta su imputación formal por el TSJCV. Entonces, apuntó, "tendrá que dejarlo".
El jefe del Consell y líder del PPCV explicó que, dado que solo quedan tres plenos de las Cortes antes del final del periodo de sesiones no parece posible que "esta imputación se vaya a hacer real" en ese período. De hecho, la juez ha dado diez días al fiscal para que eleve "una exposición motivada a la Sala de lo Penal del TSJ" de la Comunidad para que lo impute o no, aunque los magistrados pueden tardar un mes en tomar una decisión tras estudiar los 26 tomos que ya forman parte del sumario de la trama de ONG y funcionarios.
Por ello, a pesar de que Blasco puso su cargo "a disposición" del presidente de la Generalitat, el exconseller se mantendrá como portavoz oficial del grupo, aunque "no va a tener responsabilidad como tal, no va a tener protagonismo", remarcó. Las funciones de Blasco pasarán a ser desempeñadas a partir de ahora por el viceportavoz Rafael Maluenda. "Él -Blasco- sabe cuáles son las barreras que no se pueden pasar dentro del PP", advirtió Fabra. "Ahora hay que pensar las cosas bien y en nombrar a un nuevo portavoz, en caso de se produzca la imputación", añadió.
Fabra llamó por teléfono a Blasco tras conocer la resolución judicial, cuando se encontraba todavía en un acto oficial en la Ciudad de las Artes. El todavía síndic del PP permaneció en las dependencias del grupo parlamentario hasta que Fabra le llamó para reunirse con él en la Generalitat.
Implicación en el caso
Con su inhibición del caso, ya que no puede investigar a un aforado, la juez cierra el círculo de su investigación sobre la trama de ONG y funcionarios que se benefició de las ayudas de Solidaridad para un presunto lucro privado y señala a Blasco como uno de los posibles responsables del presunto fraude.
Y es que en el sumario, como ha venido contando INFORMACIÓN, aparecen gran cantidad de conversaciones entre Blasco y el empresario preso por el escándalo, Augusto César Tauroni. Además, una ingente cantidad de funcionarios y, hasta exaltos cargos de la Conselleria de Solidaridad, habían revelado que el síndic del PP era conocedor de la trama e incluso habría mediado para que recibiera subvenciones. Es más, la propia policía cree que Tauroni y Blasco tienen negocios a medias.
