Las principales empresas públicas de la Generalitat no sólo acumulan un «agujero» económico que supera los 10.000 millones de euros de «números rojos» sino que también, como destapa la Sindicatura de Cuentas en su último informe, arrastran un importante descontrol en los miles de contratos menores -aquellas adjudicaciones que, en su mayoría, se realizan «a dedo» y que no llegan a los 18.000 euros- que se conceden a lo largo del año. La auditoría pública, en una cuestión que salió a debate en la comisión de Hacienda celebrada esta semana en las Cortes, revela, precisamente, que seis de las grandes sociedades controladas por el Consell -Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Proyectos Temáticos, la Ciudad de la Luz, el Ente Gestor de de Infraestructuras, el Aeropuerto de Castellón y el Circuito del Motor de Cheste- no cuentan con un registro informatizado de todos esos contratos.
La cuestión surgió a iniciativa del diputado socialista Julián López Milla en la comisión de Hacienda celebrada esta semana en las Cortes, una sesión maratoniana con más de cuatro horas de debate. «¿Qué quiere que le diga?», le contestó en una de las réplicas el conseller José Manuel Vela, que lleva en la sala de mandos de su departamento desde que el PP llegó al poder en 1995 y que conoce al dedillo la situación del sector público autonómico. «Si los responsables de esas empresas creen que no les hace falta un registro informático, pues no lo tienen», vino a decir el titular de Hacienda del Ejecutivo de Alberto Fabra que, además, recordó que, en todo caso, la ausencia de un registro informatizado de la contratación de menor cuantía no supone incurrir en una legalidad. Cierto. Pero también es verdad que la propia Sindicatura de Cuentas viene advirtiendo en los últimos años de la necesidad, dentro de los muestreos que realiza para auditar las adjudicaciones, de mantener un control estricto sobre la contratación para garantizar la limpieza y la transparencia de los procesos administrativos.
Por eso «recomienda» a las mercantiles públicas que procedan a la elaboración de los correspondientes registros informatizados para garantizar su clasificación y archivo. El informe del auditor público revela el descontrol que supone la ausencia de un listado informático, fundamental, por ejemplo, para garantizar la transparencia en el caso de consulta. «¿Dónde se guardan todos esos contratos?», se pregunta el socialista López Milla. No se queda sólo en ese punto la Sindicatura de Cuentas. También apunta, por citar un caso, que en empresas como Proyectos Temáticos hay servicios que se adjudican como un contrato menor para tener manos libres sobre el trámite pero que, en realidad, exceden de la cuantía máxima y, por tanto, se ajustan al procedimiento administrativo. La labor de fiscalización de la oposición parlamentaria es casi imposible por la falta de un registro informatizado.
No se trata de una cuestión menor. Ni mucho menos. Un control exhaustivo sobre los contratos menores permite, precisamente, evitar prácticas también muy criticadas en los informes de la Sindicatura de Cuentas como la «argucia» de adjudicar de forma directa contratas que debían otorgarse por procedimientos de concurso al superar notablemente la citada cuantía de 18.000 euros. Muchos de ellos se trocean en varios lotes por debajo de esa cantidad con el objetivo de adjudicar «a dedo». Sin registro informático, pocos lo pueden saber.
HOLDING DEL CONSELL
La reducción del sector público dará más poder a Economía
En la última sesión del pleno del Consell, el vicepresidente José Císcar informó de que la conselleria de Economía coordinará y controlará el proceso de elaboración del presupuesto de todas las empresas públicas. Hasta ahora lo confeccionaban ellas y posteriormente lo remitían a la conselleria a la que estaban adscritas, que a su vez lo elevaban a Hacienda. Así lo contempla el reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana, aprobado por el pleno del Ejecutivo. La creación de un holding público que agrupe al cerca de medio centenar de sociedades públicas de la Generalitat otorgará a la administración autonómica y, en este caso, a la conselleria de Economía una mayor capacidad de control.
