El escrito que el juez del PGOU enviará al TSJ deja en el aire la responsabilidad de Castedo

El magistrado que indaga supuestos amaños en el planeamiento de Alicante podría remitir en un mes la causa a Valencia para que siga allí la investigación por la presencia de aforados

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El empresario Enrique Ortiz (al fondo) entre Alperi y Castedo (en primer plano) en una imagen de archivo.
El empresario Enrique Ortiz (al fondo) entre Alperi y Castedo (en primer plano) en una imagen de archivo.  

mercedes gallego El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad. Éste será el órgano judicial que tendrá que determinar el grado de implicación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el proceso penal que desde hace más de dos años se sigue en un juzgado de Instrucción de Alicante para averiguar si se facilitó al empresario Enrique Ortiz información privilegiada del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) por parte del exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y de la entonces concejala de Urbanismo y hoy regidora para favorecer los intereses del promotor.
La exposición razonada de motivos (el escrito que el instructor del caso Brugal, Manrique Tejada, enviará al TSJ para que sea este órgano el que prosiga la investigación dada la condición de aforados de Castedo y Alperi, ambos diputados autonómicos) dejará tan en el aire la responsabilidad penal de la alcaldesa que será el magistrado de la sala de lo Civil y lo Penal del máximo órgano judicial de la Comunidad a quien corresponda la instrucción de este asunto el que tendrá que precisar, una vez practicadas las diligencias oportunas, la participación, de haberla, de la primera edil en los supuestos amaños en el PGOU que se investigan, según ha podido saber este diario de fuentes próximas al caso.
El hecho de que, tal y como ya publicó este medio, los investigadores no hayan detectado un incremento patrimonial en el caso de Castedo confiere a las conversaciones intervenidas a Ortiz (en las que aparecen numerosas mantenidas con la alcaldesa) el papel de casi única prueba de cargo contra la primera edil, con lo que se diluiría el cargo de cohecho que le imputa el fiscal. La instrucción sí que contempla que la regidora podía haber hecho públicos datos reservados acerca del planeamiento urbano de Alicante, con independencia de que recibiera o no compensaciones a cambio de ello.
Sólo la sombra del Mini que la regidora habría recibido de Ortiz, ahora propiedad de una amiga íntima de la regidora contratada en el Ayuntamiento, planea en cuanto a las dádivas con las que el empresario supuestamente pudo agradecer los datos del plan general, pero la información aportada por Hacienda desinfla la tesis que mantiene la acusación de que el coche fue un regalo del promotor a Castedo quien, a su vez, se lo habría dado a su amiga.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, considera que la primera edil es responsable de los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho, los mismos cargos que atribuye a su predecesor, con la salvedad de que lo imputable a Luis Díaz Alperi tendría mucho más peso en la exposición razonada que llegue al TSJ que lo achacable a su sucesora, según las mismas fuentes.
Únicamente falta que el juzgado de Orihuela, donde se comenzó a investigar la matriz de caso Brugal que después dio origen a una veintena de piezas separadas, entre ellas ésta, envíe un CD que contiene información policial sobre el PGOU al magistrado Manrique Tejada para que éste remita toda la instrucción al TSJ.
Las fuentes antes citadas precisaron que la investigación no puede proseguir sin tomar declaración tanto a la alcaldesa como a Díaz Alperi y ello sólo es posible en el Tribunal Superior donde, casi con toda seguridad, ambos serán citados en calidad de imputados. La remisión de la causa al máximo órgano judicial de la Comunidad por la existencia de dos aforados implicados la arrastra para el resto de la docena larga de imputados, entre los que se encuentra Enrique Ortiz.

Justicia retira al juez de apoyo que pidió Tejada por los recortes
Un año le ha durado a Manrique Tejada el juez de apoyo que solicitó para dedicarse en exclusiva a una de las piezas más "pesadas" separadas del caso Brugal como es la que investiga supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante. El Ministerio de Justicia ha decidido no renovar por motivos de ajuste presupuestario al juez de apoyo que Tejada pidió al estallarle la laboriosa investigación que requería una pieza para la que el fiscal Anticorrupción solicitaba la imputación de más de veinte personas, entre ellas dos aforados como el exalcalde Luis Díaz Alperi y la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo. Tras la decisión de Justicia, el TSJCV ha propuesto al magistrado un juez de adscripción, si bien el juez alicantino ha considerado que ya no era prioritario. s. ll.

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