La exconsellera de Turismo Angélica Such ha asegurado hoy ante el juez que ella se limitó a validar los proyectos de contratación pública que elaboraban los técnicos de este departamento de la Generalitat, entre ellos algunas de las adjudicaciones que recayeron sobre Orange Market para Fitur.

Según han informado a EFE fuentes del caso, Such ha empleado esta argumentación durante su comparecencia como imputada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que investiga un supuesto delito electoral del PPCV y una presunta prevaricación de la Administración autonómica relacionada con la trama Gürtel.

La exconsellera de Turismo, que ocupó este cargo entre 2007 y 2009, ha contestado durante dos horas a las preguntas formuladas por todas las partes, centradas en la contratación de Orange Market para montar el expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid entre 2005 y 2009.

Such, que posteriormente fue titular de Bienestar Social hasta julio de 2011, ha insistido en que los proyectos aspirantes a esta adjudicación pública eran valorados por los funcionarios de Turismo, por lo que ella únicamente se limitaba a rubricar sus decisiones.

Al concluir su citación, la también actual secretaria de la Mesa de Les Corts Valencianes ha rechazado hacer declaraciones a los periodistas.

Además de la exconsellera, hoy estaba prevista la declaración, también como imputado, del ex administrador general del PP Cristóbal Páez, cuya comparecencia ha quedado pospuesta para el próximo 20 de junio, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

En su lugar lo ha hecho, en calidad de testigo, la funcionaria de la Agencia Valenciana de Turismo María José Argudo, cuya declaración ha sido adelantada.

Después de esta funcionaria, las declaraciones se retomarán el 18 de junio con la testigo Virginia Beltrán y la imputada María de las Mercedes Orts, trabajadora de Orange Market, filial valenciana de la trama dirigida por Álvaro Pérez "el Bigotes".

Hasta el momento, el número de imputados en esta causa se eleva a 26, entre ellos cinco diputados autonómicos y varios dirigentes y exdirigentes del PP valenciano.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat asumió esta causa en mayo del pasado año, después de que el Tribunal Superior madrileño observara indicios de delito que podían afectar a aforados valencianos.

El instructor José Ceres ha divido la causa en tres piezas: presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, supuesta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market.

El PPCV contrató a la firma de "el Bigotes" para organizar diferentes actos de campaña electoral, y la investigación trata de dilucidar, entre otras cuestiones, si estos servicios fueron pagados por otras empresas.