El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha afirmado que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, carece de "capacidad legal" para destituir a los diputados del PPCV imputados por un supuesto delito de financiación irregular del partido, ya que han sido designados por las urnas.

Císcar ha sido preguntado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sobre si Alberto Fabra no exige a los diputados imputados su renuncia porque tiene miedo a que se queden con el acta y formen un grupo propio, ante lo que el vicepresidente ha afirmado: "En absoluto".

El president de la Generalitat "tiene capacidad legal para nombrar y para cesar, pero hay otros casos en que esa legitimación para ocupar un cargo público viene directamente de unas elecciones", ha explicado.

Ha defendido que no puede haber "ninguna duda" sobre el compromiso del Gobierno valenciano en la lucha contra la corrupción, pero ha insistido en que Fabra sólo puede actuar donde tenga competencias, y en el resto de casos no tiene más remedio que "respetar la ley".

"Las leyes son las que determinan las capacidades y las competencias de cada cargo público", ha afirmado Císcar, quien también ha defendido el derecho a la presunción de inocencia de los parlamentarios imputados.

El vicepresidente del Consell también se ha referido a las informaciones publicadas en los últimos días sobre conversaciones recogidas en el sumario que investiga la supuesta trama de corrupción en la concesión de ayudas al desarrollo y ha admitido que algunas le producen "vergüenza ajena".

"Algunas de las expresiones que hemos visto son absolutamente reprobables", ha manifestado y ha ratificado el compromiso del Consell con la actitud de "tolerancia cero contra la corrupción y colaboración máxima y absoluta con los tribunales de justicia".

Respecto a si la Conselleria de Solidaridad tramitó correctamente los expedientes de las ayudas investigadas, se ha remitido al trabajo que está haciendo la comisión que se ha creado para evaluar y analizar el proceso que se siguió para conceder las subvenciones, y que terminará sus trabajos a mediados de junio.

El vicepresidente ha sostenido que además de exigir "todas aquellas responsabilidades penales y civiles que sean necesarias", si de la investigación de la comisión que está evaluando la actuación administrativa de los expedientes se dedujera algún tipo de responsabilidad, se exigirá.

Preguntado sobre cómo es posible que el Consell no actuara después de que Pilar Collado dejara su cargo de directora general de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad por no estar dispuesta a firmar lo que se estaba aprobando, ha afirmado que fue porque "este alto cargo no nos planteó la necesidad".

Císcar ha insistido en que no existe "ninguna duda del compromiso que tiene el president de la Generalitat con la lucha contra la corrupción", como a su juicio lo demuestra el que no quede ningún alto cargo de los imputados en su puesto y el que los funcionarios imputados tengan un expediente disciplinario abierto.