Justo dos años después de que fuera detenido por su supuesta implicación en dos de las piezas separadas del caso Brugal (la que investiga los presuntos amaños en el PGOU de Alicante y la que pretende aclarar si hubo irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, dos asuntos que se siguen instruyendo en juzgados de la provincia), el empresario Enrique Ortiz tendrá que comparecer de nuevo como imputado ante un juez por otro supuesto caso de corrupción. El magistrado José Ceres, quien investiga en tres piezas separadas la supuesta financiación ilegal del PP en la Comunidad, acaba de dictar una providencia por la que cita al empresario a declarar como imputado. Será el próximo 11 de julio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad donde se está llevando esta investigación al haber imputados aforados, entre ellos el exresponsable del aparato del partido, David Serra, y la extesorera Yolanda García, ambos diputados autonómicos, quienes ayer testificaron ante Ceres por estos mismo hechos.
Enrique Ortiz está imputado en la pieza que investiga si se falsearon facturas que reflejaban pagos del empresario a Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta Gürtel, por unos 300.000 euros. El instructor busca aclarar si estos abonos obedecían a servicios prestados o si, por el contrario, encubrían en realidad aportaciones del empresario para reducir la deuda que el PP tenía con las empresas de Francisco Correa en la Comunidad.
El mismo día que Ortiz han sido citados los también empresarios Enrique Gimeno Escrig, de Facsa, y Vicente Cotino Escrivá, sobrino de Juan Cotino y citado también como imputado como responsable del Grupo de Empresa Sedesa, propiedad de la familia del presidente de las Cortes.
La versión de Bárcenas
Por otro lado, el PP de la Comunidad ha desmontado ante el juez Ceres la versión que dio el martes el extesorero del partido a nivel nacional Luis Bárcenas. El exresponsable de las cuentas del PP aseguró que las decisiones se tomaban en Valencia y que en Madrid solo recibían la documentación. El PP de la Comunidad ha entregado un informe al juez firmado por Antonio Clemente, hasta este fin de semana secretario general de la formación, en el que incide en que desde la dirección regional solo se ocupaban de la organización de las elecciones autonómicas y que toda la contabilidad estaba centralizada en Madrid.
El del caso tomó ayer declaración como imputados a David Serra, exvicesecretario general del PPCV, y a Yolanda García, extesorera de la formación. Serra y García están imputados por el delito electoral.
El exvicesecretario general explicó al magistrado que cuando él llegó al cargo se encontró que ya había una deuda muy importante con Orange Market. David Serra incidió en que las llamadas de Álvaro Pérez "El Bigotes" que aparecen en la causa fueron para reclamarle esos pagos pendientes. Además, añadió que el problema es que Orange Market reclamaba todas las facturas al PP regional y algunas eran de las organizaciones locales por actos de campaña de las municipales. David Serra indicó a su salida del TSJ que "el magistrado ha tenido una visión clara de que todo se ha hecho correcta y perfectamente". El diputado autonómico, como están haciendo el resto de políticos del PP imputados, se negó a contestar a las preguntas del PSPV, que ejerce la acusación popular. Yolanda García aseguró que la que se encargaba de las cuentas era la gerente del partido en Valencia, Cristina Ibáñez. La gerente aseguró al magistrado que ella se limitaba a cumplir labores administrativas.
El próximo imputado que tiene que comparecer ante el juez Ceres es el exnúmero dos del PP, Ricardo Costa. Al diputado autonómico se le imputa un delito electoral por la financiación del partido.
