No sólo en Educación y Sanidad. La Generalitat también meterá la tijera en las inversiones para 2012. No queda otra para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit que tendrá que rebajarse desde el 4,5%, el último desfase reconocido por el Consell y un punto por encima del que declaró en enero, hasta el 1,5%. El plan de ajuste remitido a Madrid como salvoconducto para evitar, al menos de momento, la intervención de las cuentas autonómicas incluye un acuerdo de no disponibilidad de fondos y de limitación de obligaciones aprobado por el Consell en su reunión del pasado 27 de abril por importe de 332 millones, lo que deja el esfuerzo inversor de la Generalitat para 2012 bajo mínimos, como se demuestra en proyectos paralizados por falta de fondos como se aprecia en la imagen del Centro Cultural de Benidorm. En la práctica, con casi medio año ya consumido, supone cerrar el grifo de los proyectos de obras para los próximos meses y deja en papel mojado el presupuesto aprobado a finales de diciembre.

El decreto, ratificado en la sesión del Consell del pasado 27 de abril, establece que, sin comprometer los servicios públicos básicos, todas las consellerias debían poner antes del 15 de mayo a disposición del departamento de Hacienda el 20% de los créditos que figuraban en los capítulos IV, VI y VII. El primero se corresponde con transferencias que reciben otras instituciones y entidades. Y los dos siguientes son los que recogen las partidas dedicadas a la inversión. Además, esos capítulos sólo podrán reconocer durante el ejercicio obligaciones por el 85% del presupuesto. Así las cosas, el 2012 será un año, en la práctica, improductivo para la actividad inversora del Consell, tal y como recoge el decreto incluido en el plan de reequilibrio financiero.

Los detalles del documento, junto a otras actuaciones como los recortes en las consellerias de Sanidad y Educación, evidencian la crítica situación financiera de la Generalitat, la administración autonómica con más números rojos del Estado con una deuda financiera de unos 24.000 millones, según el Banco de España, y con un agujero -incluyendo préstamos, pagos aplazados y el lastre de las empresas públicas- que superaría los 60.000, unos diez billones de las antiguas pesetas. Esa situación se corresponde con los problemas de una Comunidad que, por poner un ejemplo, no ha abonado a las farmacias ni un sólo euro de los servicios prestados en 2012 por la dispensación de las recetas.

Mientras se recorta la inversión, sin embargo, el Consell del Partido Popular mantiene, por contra, entre los pagos excluidos de los recortes, en su mayoría destinados a servicios educativos o sanitarios, partidas, sin ir más lejos, como las subvenciones a los partidos políticos, que llegan, según el decreto, a casi 1,8 millones; cerca de 20 millones en pagos a la Feria de Valencia; o gastos de personal por valor de 84 millones en diferentes organismos públicos. De forma global, las partidas que quedan fuera del tijeretazo suman los 1.700 millones de euros.