La angustia financiera por la que atraviesan Generalitat y Ministerio de Fomento ha provocado que ambas administraciones acumulen ya en la Comunidad Valenciana una deuda superior a los 200 millones de euros en ayudas a la VPO desde 2009, año a partir del cual, prácticamente, no se ha vuelto a realizar ninguna transferencia económica a compradores y promotores a cargo de las ayudas concedidas.

En la provincia, el retraso afecta a unos tres mil compradores que se encuentran atrapados y con deudas con los propios promotores que les vendieron la casa descontándoles el importe de unas subvenciones que ahora no llegan, o con las entidades con las que suscribieron el crédito hipotecario. Ayudas pendientes de cobro -desde 2011 ya ni se conceden- que aprietan aún más la soga de un sector paralizado también por la falta de financiación, que no demanda, según aseguran desde Provia.

Fuentes del Instituto Valenciano de la Vivienda -sociedad pública en la que esta semana comenzó el proceso de despidos de 220 trabajadores- admiten que la deuda por el impago de ayudas en la provincia supera los cien millones de euros. El importe medio de ayuda que recibía el comprador era de unos 32.000 euros, sumados todos los conceptos.

Por su parte, la patronal Provia ha acordado con Vicente Dómine, director general de Obras Públicas, la creación de manera urgente de una comisión de trabajo para tratar de buscar una salida al problema y fijar un calendario de pagos a los compradores, muchos de los cuales han tenido que renunciar, incluso, a la adquisición ya con el contrato firmado, lo que representa un drama personal y un quebranto para la promotora, ya muy tocada por la parálisis del ladrillo. En muchos casos llegó a aplazar pagos de los compradores a cargo de sus futuras subvenciones. Algo que también ha sucedido con muchas entidades financieras, que adelantaban por su cuenta las ayudas concedidas a sus clientes, y a las que la morosidad de la Administración también les afecta.

El problema es grave. El coyuntural retraso de la Administración para pagar las ayudas a la compra de una VPO (dos años en los tiempos del boom del ladrillo) se agravó con la crisis. Muchos promotores y compradores se vieron en la necesidad de firmar documentos anexos a la operación de compraventa en los que se fijaba una prórroga en los pagos de la vivienda a la espera de recibir las ayudas. Como éstas han acabado por no llegar y la situación económica se ha deteriorado mucho más, "ahora muchos nos encontramos con el agua al cuello. Si no podía pagar hace dos años, cómo lo voy a hacer ahora que me han bajado el sueldo y mi mujer se ha quedado en paro", denuncia Julián Such, un joven comprador que baraja renunciar al piso que compró y del que todavía no ha recibido las llaves "porque no me salen las cuentas".

Por otro lado, la eliminación en 2011 de las ayudas económicas estatales a la entrada (firma del contrato de compra) -decisión a la que acabó sumándose el Consell ampliándola a la subvención de un porcentaje del crédito- de las VPO, representó la "puntilla" para el sector inmobiliario provincial, paralizado por la crisis desde 2007.

La medida provocó la pérdida de 8.000 empleos y que 2.630 familias alicantinas se quedaran si la subvención de hasta 32.000 euros, y la pérdida de una inversión directa de 276 millones de euros. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, las cuentas elevaron el número de desempleados por la medida a un total de 15.000 personas y una desinversión de 510 millones de euros, según fuentes del sector.

La crisis deja tan solo unas 1.200 viviendas en construcción

La crisis que atraviesa el sector inmobiliario alicantino ha provocado que en los últimos tres años sólo se hayan comenzado a ejecutar un 2% de los 33 proyectos de urbanización -PAI- aprobados por la Conselleria de Urbanismo para levantar 61.000 viviendas. En estos momentos apenas hay unas 1.220 viviendas en construcción en la provincia e, incluso, hay promotores que han renunciado a sus proyectos. La principal consecuencia negativa de esta coyuntura es la sangría laboral que ha sufrido Alicante en tres años. La mitad de las constructoras (6.420 de un censo de 14.400 mercantiles) en activo en 2008 han desaparecido, lo que supuso el paro para cerca de 40.000 trabajadores. La situación es insostenible con despachos profesionales en los que hace tiempo no entran proyectos. De ahí que la reactivación de la VPO es urgente, como ha pedido la Cámara de Comercio a la Conselleria de Infraestructuras.