Con la espada de Damocles de la intervención sobre su cabeza política, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha confiado en su mano derecha, el vicepresidente José Císcar, y en el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, la ingrata labor de ejecutar los recortes (vía mayor presión fiscal o reducción de sueldo a los funcionarios o de la prestación de servicios) con el fin de cumplir el límite de déficit fijado para este año, el 1,5% del PIB valenciano. En euros, un máximo de 1.536 millones en "números rojos" al cerrar 2012, frente al déficit de 3.796 millones con el que se liquidó 2011. De ahí que el Consell está obligado a recortar al menos 2.260 millones, una previsión optimista porque es tanto como pensar que mantendrá los ingresos, cuando ya sabe del Ministerio de Hacienda que dispondrá de menos. Por ello, Madrid ha expresado sus "discrepancias" con las previsiones de ingresos del Plan de Reequilibrio elaborado por el Consell y que deberá ver aprobado mañana en el Consejo de Política Fiscal. Eso, o será intervenido.
Pero esas discrepancias no son el único problema. El Consell ha anunciado una catarata de iniciativas: En julio de 2011 aprobó medidas para la contención del gasto por 680 millones; en diciembre sacó adelante un presupuesto para 2012 que caía un 6,4%; en enero, el decreto ley con acciones para reducir el déficit en 1.058 millones; y ahora, el Plan de Reequilibrio. Sin embargo, cerca de la mitad de las iniciativas sobre las que se cimenta el Plan -que promete reducir gastos por 1.223 millones y obtener ingresos por 1.036 millones- está vigente en el papel; su implantación requiere tiempo. Es el caso de la subida del 7% al 8% del impuesto de trasmisiones patrimoniales, por el que se prevén ingresar este año 44,5 millones, o de las nuevas tasas medioambientales a las empresas que contaminen, 30 millones, y judiciales, 4 millones. En total, casi 80 millones a expensas de una ley pendiente de tramitar para su aplicación efectiva a partir de septiembre. Más largo lo fía el Consell con la recuperación del impuesto de Patrimonio en 2013, que no empezaría a ingresar hasta 2014. Hay quien señala que Hacienda podría haber reclamado al Consell que acorte plazos.
La cuestionada venta de solares
En otros casos, como los 141 millones previstos por venta de inmuebles y solares, se antoja una quimera, a la vista de la situación del mercado inmobiliario. No menos en el aire está el concurso para la privatización de la gestión de los servicios de la Sanidad. El proceso se presenta complejo, con un sistema de adjudicación mediante el llamado "diálogo competitivo", pero el Ejecutivo ya ha previsto para diciembre -por tanto, para minorar el déficit de 2012- que las adjudicatarias paguen el canon de 180 millones por adelantado ya que el modelo se implantará en 2013. Para ese año, ya prevé un ahorro de 443 millones por esa gestión privatizada.
Igualmente, el plan de racionalización del sector empresarial y fundacional de la Generalitat -que incluye la reducción de entes de 46 a 6- se presentará a finales de mes. Pero la liquidación de organismos y el despido de más de 5.000 empleados no se completará hasta final de año. El ahorro será el próximo ejercicio, no éste.
En cambio, las medidas de personal han tenido una implantación inmediata, como la reducción de jornada, y sueldo, de los funcionarios interinos y laborales temporales del sector público, desde marzo; el recorte a los sexenios en educación y a la carrera profesional en sanidad, desde marzo; o la eliminación de la aportación al plan de pensiones o de las ayudas sociales, desde enero. Igualmente, la subida de la gasolina, el "céntimo sanitario", aprobado por el decreto ley de enero y vigente desde entonces. En cambio, muchos de los grandes recortes en Educación y Sanidad no se verán hasta julio, una vez Madrid regule reglamentariamente aspectos como el copago farmacéutico, la subida de tasas universitarias o el incremento del 20% en la ratio de alumnos por aula.
"¿Los políticos pueden cobrar dos sueldos?"
"¿Entonces, en tercero de universidad habrá que pagar el 100% de la matrícula?" Medio centenar de altos cargos ha dado la cara ya ante unos 3.000 ciudadanos en la campaña "Responem", la iniciativa desplegada por el Consell para contrarrestar el impacto político de los recortes. La pregunta la dirigió un vecino de Benidorm el lunes al vicepresidente José Císcar. Císcar aclaró al ciudadano que eso es cuando se suspenda una asignatura por tercera vez. La preocupación es mayúscula, sobre todo de personas mayores sobre el coste que tendrán los medicamentos: "¿Cómo nos devolverán el dinero de las recetas?". Pero también: "¿Habrá que pagar por el menú en el hospital?" Sin olvidar los clásicos: "¿Los políticos pueden cobrar dos sueldos?" Císcar respondió con claridad: "No". j. g. g.
