¿Qué fue del 15-M?, ¿se ha diluido su espíritu?, ¿hacia dónde se dirige?, ¿qué ha conseguido?... Los 'indignados' siempre han estado ahí, incluso antes de que surgiera ese movimiento ciudadano espontáneo. Esa rabia escondida, agazapada, terminó explotando, pillando por sorpresa a la clase política y a la mayoría de la ciudadanía, quizá hasta a sus propios organizadores, a quienes se les escapó de las manos ante la desorganización y el caos asambleario que se originó.
Ahora se cumple un año de la manifestación convocada el 15 de mayo de 2011 y que dio nombre al colectivo, de los gritos de "¡No nos representan!", "No son rescates, son chantajes" o "No hay pan para tanto chorizo". Desde que pusieran fin a la acampada en la madrileña Plaza de Sol, epicentro de las protestas y símbolo del movimiento, el 12 de junio del pasado año y tras las grandes manifestaciones del 19-J y del 15-O, que internacionalizó el movimiento y lo extendió a cerca de un centenar de países, el 15-M ha sobrevivido en las redes sociales y, sobre todo, en los barrios de las ciudades, con la creación de asambleas que trabajan "por un cambio, por un futuro digno".
"Celebramos asambleas semanales que sirven para que los vecinos se reúnan, hablen de sus problemas y busquen soluciones colectivas. Un ejercicio de participación y democracia que muchas personas están viviendo por primera vez", comentan miembros de una comisión de barrio del movimiento.
En estas asambleas, donde cualquier propuesta es bien recibida, la coordinación es fundamental. "El movimiento ha crecido mucho y es verdad que existen decenas de comisiones que plantean sus propias acciones. Para coordinar todo este trabajo existen, por un lado una comisión de coordinación (para cuestiones operativas) y una asamblea general, en la que se acuerdan las acciones conjuntas", explican.
"La solución pasa por que estemos unidos y trabajemos juntos por solventar unos problemas que la clase política está siendo incapaz de solucionar a través de nuestras propias herramientas: movilización, iniciativas legislativas populares, referéndums...", comentaba en su día Jon Aguirre Duch, portavoz de ¡Democracia Real Ya! (DRY).
Pero entonces llegó la división
Sin embargo, como en todo gran movimiento, las disputas internas acabaron llegando, y hace unas semanas se produjo la primera fragmentación en el seno del 15-M. A pocas semanas de celebrarse el primer aniversario, DRY, una de las plataformas convocantes de la manifestación del 15 de mayo que dio origen a la acampada en Sol, expulsó a cinco de sus miembros por registrarse como asociación con el nombre del colectivo, "saltándose todos los protocolos de democracia interna".
DRY calificó de "encerrona" la actuación de este grupo disidente, al que acusaba de romper siempre el consenso y dificultar la toma de decisiones. Incluso habló de "golpe de Estado" a las infraestructuras de la plataforma. "Cuando han llegado ciertas personas han echado a ciertos administradores y se lo han quedado ellos. Ha habido un golpe de Estado en las infraestructuras, sobre todo en lo que es Facebook", denunció DRY.
La otra parte, en cambio, defendía la legitimidad de una decisión adoptada en una asamblea de forma democrática y consensuada. "Es la solución más idónea para afrontar las dificultades organizativas que suponía hasta ahora el hecho de que el colectivo de DRY, que pretende incorporar a miles de ciudadanos y ciudadanas, tenga sus herramientas de trabajo y difusión a nombre de personas físicas", apuntaron.
Una marea que no cesa
Al margen de estos encontronazos, la marea del 15-M se ha ido extendiendo y ramificando, centrándose en ámbitos más concretos, como la educación, la sanidad, la fiscalidad o la vivienda. Precisamente, en este último apartado es donde han conseguido algunos de sus principales logros.
La iniciativa Stop Desahucios, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha ido ganando fuerza y gracias a sus movilizaciones ha conseguido paralizar cientos de desahucios de familias que no podían afrontar el pago de sus hipotecas. "Hay que buscar salidas razonables. Una familia afectada por el paro no es capaz de pagar 800 euros de hipoteca pero sí podría pagar 300 de un alquiler. Tratemos entonces de hacer alquileres sociales para esos casos. El banco se queda el piso pero la familia sigue como inquilina", propone Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga.
El procedimiento es simple. El afectado se pone en contacto con la asociación, que le ofrece apoyo moral y asesoramiento legal para tratar de evitar el desalojo. Ante el inminente desahucio, la PAH llevará a cabo una "concentración pacífica" en la puerta de la vivienda. "Si a pesar de todo se procede a desalojar a la familia, bloquearemos el paso. En esta situación, lo más probable es que la policía decida sacarnos por la fuerza. Nuestra estrategia siempre será resistir de forma activa pero pacífica". Con este sistema han logrado paralizar hasta la fecha 224 desahucios.
