La fiscalía de Alicante pide más de cuatro años de prisión para el constructor Enrique Ortiz, imputado en varias piezas separadas del caso Brugal, por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental en una operación de compra de suelo a otra mercantil en la Playa de San Juan.
Se trata de la segunda vez que el ministerio público pide una pena de cárcel para Ortiz, máximo accionista del Hércules y dueño del Grupo Cívica, después de que la pasada semana se conociera que otra fiscal solicitará 18 meses de privación de libertad por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas, tras descubrirse en una caja fuerte de su empresa un revólver durante un registro autorizado por el juez que investiga el Brugal.
En el caso del supuesto fraude fiscal, que lleva el juzgado de instrucción número 1 de Alicante, se investiga una posible deducción indebida de 6 millones de euros en el IVA con motivo de la venta de un suelo de la mercantil Hansa Urbana a una sociedad de Ortiz en el PAU-4.
Ortiz declaró ante el juez por estos hechos en diciembre de 2010, cuando negó haber participado en un fraude fiscal urbanístico, en el que, supuestamente, su socio era el promotor castellano-manchego Aurelio González Villarejo, también imputado.
Además de este asunto y el del revólver, Ortiz figura como imputado en el caso Gürtel y en otras piezas separadas del Brugal, como la relativa a las supuestas ilegalidades en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, donde Anticorrupción sitúa como implicados a la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP.
Ortiz también está imputado en la rama del Brugal sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja, donde comparte situación el expresidente provincial del PP y de la Diputación José Joaquín Ripoll, entre otros.
