El Gobierno podría instar a fusionar 82 de sus 141 municipios de la provincia, es decir, el 58% del total, si tal y como baraja cifra en 5.000 habitantes el límite a partir del cual los municipios deberían unirse para cumplir un plan de ahorro que persigue reducir 10.500 millones de euros de gasto. El Plan Nacional de Reformas (2012-2015) que el Gobierno de Rajoy ha remitido a la Unión Europea incluye esta previsión de ahorro a través de la reducción de buena parte de los 8.116 ayuntamientos que hay en España.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas baraja la cifra de un mínimo de 5.000 habitantes como una de las opciones para agrupar ayuntamientos, según informaron a la agencia Europa Press fuentes del Ejecutivo, con el fin de ahorrar gastos en la prestación de los servicios a los ciudadanos.
Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) defiende la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.
Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos". No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".
Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares. Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello. Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, al que ha tenido acceso Europa Press.
El tope que baraja Hacienda de 5.000 habitantes, con el último Padrón oficial en la mano (1 de enero de 2011) instará a agruparse a 383 de los 542 municipios de la Comunidad Valenciana, siete de cada 10 (el 70,7%). Por provincias, la más afectada será Castellón, donde tendrían que unirse el 85% de sus municipios (115 de 135), seguida de Valencia con el 70% (186 de 266). En Alicante tendrían que aliarse el 58% (82 de 141).
En la escala comarcal se aprecia mucho más la magnitud del plan que ultima el Gobierno, ya que todos los municipios de cinco comarcas del interior de la Comunidad Valenciana serán llamados a agruparse. En este caso se encuentran las demarcaciones castellonenses de l'Alt Maestrat, els Ports y Alto Mijares, así como las valencianas del Rincón de Ademuz y la Serranía.
La determinación de las competencias que podrán ejercer las corporaciones locales, así como a partir de qué umbral de habitantes se podrá ejercer cada una de ellas, es una de las cuestiones clave a resolver en los próximos días ya que, dada la autonomía municipal, no se puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse.
PSPV: No como norma
El secretario de Pequeños Municipios y Comarcas del PSPV, Josep Gisbert, explicó ayer que los socialistas valencianos están en contra de la fusión de municipios "como norma". "Partimos de la base de que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, deben tener acceso en las mismas condiciones a todos los servicios y que los mismos sean de calidad. Pero ello no pasa necesariamente por una supresión de municipios", señaló.
Gisbert, en referencia a la propuesta de reducción de municpios que plantea de agrupar los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, opinó que "está por demostrar que la fusión de ayuntamientos suponga automáticamente un ahorro". Aseguró que en la mayoría de los municipios pequeños sus alcaldes y concejales "no perciben retribución alguna y, además, realizan tareas que van mucho más allá de su cometido, desde controlar el sistema de abastecimiento de agua hasta acompañar en su vehículo a un enfermo al médico, por poner unos ejemplos". Y advirtió de que "podría ocurrir que, al contrario de lo que se dice, al suprimir el ayuntamiento, la falta de proximidad reste eficiencia y se encarezca el coste de los servicios".
Gisbert explicó que la apuesta del PSPV pasa por "entidades supramunicipales que mancomumen servicios y aprovechen las economías de escala", así como "la redefinición del papel de las diputaciones".
