Las reformas de Rajoy

´Nos privan de un derecho humano´

Varios inmigrantes sin documentación en Alicante relatan cómo afrontarán la pérdida de la tarjeta sanitaria

 02:07  

Texto: SERGIO ILLESCAS Fotos: PAULA FORTE Cuando Matías Hernández vino a Alicante hace seis años, huyendo de la crisis argentina, lo que menos se planteaba era disfrutar de la sanidad pública. Su primer objetivo era trabajar y así lo ha estado haciendo hasta ahora, aunque como muchos otros inmigrantes, en negro, sin contrato, y por ende, sin papeles.

Ocho días antes de que Rajoy anunciara el recorte que dejará sin tarjeta sanitaria a más de medio millón de inmigrantes indocumentados en nuestro país, Hernández cambió radicalmente su grado de preocupación sobre disponer de sanidad gratuita. La causa: un infarto que le dejó sin oxígeno durante media hora. Los médicos, que todavía no se explican cómo no le ha quedado ninguna secuela, le han puesto un marcapasos para que pueda seguir haciendo una vida normal. Lo que no podrán estos profesionales es asegurarle un tratamiento gratuito a partir del próximo mes de septiembre. Una medicación vital para que su corazón siga latiendo que asciende a unos 1.600 euros al mes.

Hernández no puede trabajar en su estado. Y si no trabaja no puede optar a un contrato que normalice su situación, ni tampoco conseguir el dinero necesario para comprar su medicación. Su única salida, si todo sigue así, es la que tendrán que asumir muchos inmigrantes que están en su situación: volver a su país.

"A la broma, a la broma, te deja caer la gente que por qué venimos a España a quitarles el trabajo. Realmente hay un problema de racismo en este país y está claro que con esta medida quieren quitarse inmigrantes de en medio", afirma este argentino, a la vez que se acuerda de la ayuda que prestó su país a muchos españoles durante la Guerra Civil.

A Rigoberto Betancur también le parece indignante que se utilice algo tan sagrado como la salud de las personas como medida de presión, y más en pleno siglo XXI. Hace cuatro años y medio llegó a Alicante, desde Colombia, tras una petición de asilo. Durante tres años estuvo trabajando como albañil en las obras del aeropuerto de El Altet pero al acabarse el permiso que le había concedido el Gobierno lo despidieron. "Tenía que volver a Colombia para recoger la documentación necesaria para arreglar mis papeles y me era imposible. Así que me tuve que buscar la vida por otro lado", asegura.




Durante estos últimos años ha mantenido a su familia, compuesta por su mujer y sus cuatro hijos, con pequeñas chapuzas que le iban saliendo, aunque ninguna de ellas con cotización. La única que tiene papeles en su casa es su esposa. El resto, indocumentados, por lo que en unos cuantos meses se les arrebatará la posibilidad de ir a un centro de salud.

Martín y una de sus hijas tienen un problema de hipertiroidismo y necesitan una medicación específica y un seguimiento médico... que no tendrán gratis. Considera que esta medida puede ser también un problema para los propios españoles, ya que los servicios de urgencias se colapsarán. No obstante, él no tendrá demasiado tiempo para pensar si es justa o no esta situación. Si llega el momento y sigue sin papeles no le quedará más remedio que pensar en lo mejor para su salud y la de sus hijos, y volverá a Colombia.

El problema es cuando lo que a uno le espera en su país es mucho peor que estar en España sin tarjeta sanitaria. Es la situación del angoleño Anton Iyani, que desde hace 5 años vive con su hija de 10 años en una casa tutelada de una ONG. "No hay trabajo, no hay becas para la niña, no hay hospital. Nos dejan pocas opciones", comenta este africano de 44 años, que prefiere no aparecer en ninguna fotografía por miedo a represalias, "Rajoy me da mucho miedo", dice.

Su única esperanza es que le dé algún trabajo el curso de mediación intercultural que acaba de realizar. "Si no tengo trabajo no tengo papeles. Si no cotizo una cantidad mínima no le puedo dar papeles a la niña", subraya.

Fátima también se desvive por sus hijos desde que está en nuestro país. Hace ya seis años desde que comenzaron "el sueño español". En Argelia era profesora de Biología y al llegar a Alicante comenzó cuidando niños y personas mayores, con el fin de pagar los estudios de sus hijos. Hace un año que se le acabó el contrato y como más de 5 millones de españoles está en el paro. El problema es que ella, en un mes, perderá el privilegio de denominarse española. Se supone que ya no genera lo que tenía que generar. Por tanto, también perderá su derecho de ser atendida por un médico que no sea el del servicio de Urgencias.

Ni siquiera por su hijo, que trata de acabar sus estudios de Medicina. Aunque también ha tenido que hacer parones para trabajar y poder renovar sus papeles. "Tampoco voy mucho al médico, por cosas muy puntuales... pero me parece una auténtica ilegalidad que nos priven de ese derecho, un derecho, al fin y al cabo, humano".

La mayoría de las personas que aparecen en este reportaje, por miedo a represalias, prefieren mantener su anonimato, por lo que se han utilizado nombres falsos para contar su historia.

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