División de opiniones tras el anuncio del Consell de privatizar la gestión de la sanidad, medida con la que pretende ahorrar 443 millones anuales. Mientras el sindicato médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) y el Defensor del Paciente se mostraron muy críticos con esta decisión, los colegios profesionales, tanto el de médicos como el de enfermeros, se definieron como partidarios de buscar la máxima eficiencia y descartaron que la decisión vaya a afectar a la calidad asistencial, si bien exigieron a la Conselleria que cuente con ellos antes de adoptar medidas y no gobierne "por decreto".

El CESM advirtió de que plantea convocar una huelga en la sanidad pública como "respuesta en defensa de los derechos de los médicos, trabajadores y ciudadanos a una sanidad general para todos". El sindicato espera un "desmentido" de la Conselleria tras el anuncio del vicepresidente Ciscar, de "intensificar el grado de colaboración público-privada" en materia sanitaria, que para CESM supone el "desmantelamiento de la sanidad pública".

El Defensor del Paciente denunció que la Generalitat "por su cuenta y riesgo" haya decidido "privatizar los servicios públicos". Su presidenta, Carmen Flores, pidió a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que intervenga "para evitar el dispendio que está ocurriendo en las comunidades". Y señaló que sería "deseable" que las competencias en materia de Sanidad volvieran al Estado. Flores criticó que la Comunidad, una de las "más desastrosas en su gestión con un aumento espectacular en denuncias, se permite la licencia de atentar aún más contra los derechos establecidos en la Constitución, los servicios públicos".

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Antonio Arroyo, asume que "todos vamos a sufrir algo, los profesionales y los pacientes". Los profesionales porque habrá reestructuraciones que repercutirán en sus ingresos y los pacientes porque "habrá que priorizar y tendrán que tener más paciencia en las listas de espera". Sin embargo, aseguró que la calidad asistencial no va a cambiar y que "seguirá siendo buena". En materia profesional son los antiguos médicos rurales los que se sienten "más amenazados" por este decreto y, de hecho, Arroyo avanzó que este colectivo mantendrá una reunión la próxima semana para hablar de los cambios. A Arroyo le preocupa también el anunciado copago y cree que sería necesario volver al antiguo vademecum para evitar conflictos entre las prescripciones de los médicos y los farmacéuticos. Además, exigió al Consell que cuente con la opinión de los profesionales antes de tomar decisiones. "No somos un enemigo sino un aliado para mejorar las cosas", aseguró.

En este punto coincidió con su homóloga en el Colegio de Enfermería, Belén Payá, que a pesar de estar "en estado de alarma" con los recortes, se mostró receptiva a las nuevas medidas. "Siempre que no se privatice la asistencia sanitaria, todas las medidas que busquen optimizar recursos y una mayor eficiencia me parecen bien y nos tenemos que poner todos manos a la obra", dijo. "La mayoría de los servicios de los que se está hablando ya estaban externalizados en muchos hospitales y según han explicado la gestión será mixta, así que no hay que alarmarse", concluyó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Vicente Bertomeu, abogó por la inclusión de los profesionales en el diseño del modelo tras una reunión de cardiólogos a nivel nacional celebrada en Alicante.