Forzado por su delicada salud financiera y obligado a ofrecer nuevas glorias a la política de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy, el Consell aprobó ayer un plan de reequilibrio de sus cuentas que, de cumplirse, supondrá recortes en servicios básicos y un incremento de la presión fiscal que facilitará un ahorro de 2.260 millones a las arcas autonómicas, casi una sexta parte del presupuesto de la Generalitat para 2012. El Gobierno de Alberto Fabra subirá tasas, recuperará impuestos como el de patrimonio, cerrará el grifo de la inversión para 2012 y, en una medida obligada por el Ministerio de Hacienda, se convertirá en la primera autonomía de España que privatiza la gestión del servicio sanitario. ¿Objetivo? Reducir el déficit al 1,5%, como reclama el Gobierno por exigencia de la Unión Europea, y pasar el examen del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá dentro de dos semanas para dar el visto bueno a los programas de ajuste.

Al Ejecutivo del PP no le quedaba obra salida que afrontar un recorte de esta magnitud para enjugar el desfase entre ingresos y gastos que, al cierre de 2011, alcanzó los 3.796 millones y dejarlo, cuando finalice este año, en 1.536, el tope que permitirán desde Madrid para 2012. De los 2.260 millones de tijeretazo, un total de 1.223 se recortarán a través de la contención del gasto y otros 1.036 se cubrirán con un incremento de los ingresos y el aumento de la presión fiscal. Convertido en un requisito imprescindible para acceder al dinero que permitirá pagar a proveedores, el plan de reequilibrio que se remitirá a Madrid es la suma del ajuste que aprobó el Consell a primeros de enero por importe de 1.053 millones más otros mil millones que se detraerán, en exclusiva, en Sanidad y Educación, las dos grandes competencias autonómicas. A eso se añadirá un acuerdo de limitación de obligaciones por importe de 332 millones que, en la práctica, supone cerrar el grifo de los capítulos de inversión para lo que resta del año 2012.

El vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, acompañado en esta ocasión del conseller José Manuel Vela, volvió a ser el encargado de dar la cara para anunciar los recortes. El número dos de Fabra en el Consell, sin embargo y pese a la delicada situación financiera de las arcas autonómicas, trató de ofrecer la imagen de que, con el despliegue de este paquete de medidas, se da carpetazo a la etapa de poda de los servicios públicos y, además, se aleja de forma definitiva el fantasma de la intervención de las cuentas por parte del Estado, la amenaza que el ministro Montoro lanzó en las últimas semanas contra las autonomías lastradas por balances en negativo. "Nunca habrá una intervención de la Comunidad Valenciana por parte del Ejecutivo central", garantizó José Císcar en el arranque de su comparecencia.

La medida "estrella" del nuevo plan de ajuste de la Generalitat, sin duda, es la privatización de la gestión sanitaria, un cambio de modelo que afectará tanto al "día a día" de los hospitales públicos como a los centros de salud. Conforme al calendario del Consell, a partir de enero de 2014, las diferentes zonas sanitarias de la Comunidad estarán regidas, a cambio de un canon que facilitará una recaudación de 180 millones, por un operador privado mientras que el personal medico continuará dependiendo operativamente de la Agència Valenciana de la Salut. La Generalitat calcula que la "colaboración entre el sector público y privado", eufemismo que usó Císcar para esquivar el término privatización, le supondrá un ahorro de 443 millones, alrededor de un 10% del presupuesto de Sanidad.

Como adelantó este periódico, en materia sanitaria, entre otras actuaciones, se implantará el copago en las recetas en función de la renta y se suprimirá la gratuidad de las recetas para los jubilados, se potenciará una central de compras, se establecerá una carta de servicios gratuitos más reducida, se pagará por las prótesis o se regulará el "turismo sanitario", actuaciones que permitirán ahorrar 224 millones. En Educación, se aumentarán las ratios de alumnos por aula hasta en un 33% y se incrementarán las horas lectivas de los profesores para limitar la contratación de interinos, decisiones que, según el Consell, no afectarán a la calidad de la enseñanza.

Junto al desmantelamiento ya anunciado del entramado de empresas públicas, el Consell se vio obligado a incumplir su promesa y elevar la presión fiscal. Habrá un incremento de las tasas universitarias. A partir de ahora, los alumnos asumirán un aumento de las tasas de alrededor del 30% y tendrán penalizaciones si no aprueban. Pero también se aplicarán nuevas tasas judiciales ligadas a litigiosidad, impuestos que penalizarán a empresas contaminantes y, sobre todo, se recuperará el impuesto de patrimonio que permitirá recaudar 70 millones.