El procedimiento administrativo para que la Conselleria de Sanidad pueda comenzar a aplicar el copago farmacéutico a partir del 1 de julio es complejo y genera dudas legales por la necesidad de proteger los datos referentes a la renta de los usuarios. Para salvar este escollo, la Agencia Tributaria tendrá que descargar los datos sobre los contribuyentes al Instituto Nacional de la Seguridad Social que será el encargado de calcular el porcentaje de copago que deberá realizar cada ciudadano en función de sus ingresos para informar a Sanidad. Después, la Conselleria tendrá que reflejar el porcentaje de copago que deba asumir cada ciudadano en su tarjeta sanitaria.
Desde la conselleria explican que, a diferencia de otras autonomías, las tarjetas no incluirán un chip, sino que con la banda magnética que ya tiene incorporada la SIP actual se podrá acceder a la historia clínica y a la información sobre el porcentaje de copago que deba aplicarse a cada ciudadano. Con la banda magnética "se podrá informar al farmacéutico del coste que el paciente debe abonar para adquirir su medicación". Cruzando los datos de Hacienda y la Historia Clínica Electrónica "se podrán establecer las novedades de contribución que cada ciudadano debe aportar en recetas", explican.
Al respecto del procedimiento, desde la Confederación de Organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) ya han adviertido de que el sistema de copago "encerrará otros gastos adicionales de gestión".
