El ajuste del gigantesco "hólding" de empresas públicas de la Generalitat supondrá el despido de alrededor de 5.000 trabajadores. O lo que es lo mismo: la mitad de los contratados en mercantiles controladas por la administración autonómica, según admitió ayer el vicepresidente José Ciscar durante una comparecencia en Valencia. El Consell necesita cuadrar sus cuentas para cumplir con los planes de ahorro impuestos desde Madrid. Y no le queda otra salida que meter la tijera en una nómina "hinchada" y sin control durante los 17 años que el PP lleva al frente de la administración autonómica. Con este nuevo apretón, el Gobierno de Alberto Fabra conformará un sector público más manejable -tendrá media docena de sociedades- y se ahorrará 400 millones cada año.
No se trata de un ajuste menor. La cantidad, por ejemplo, es seis veces mayor que el presupuesto del departamento de Turismo. El "tijeretazo" afectará a casi la mitad de los trabajadores de un sector que, en estos momentos, suma más de 11.000 empleados, de acuerdo con las estimaciones de la oposición. Los diputados de Compromís ya han denunciado en varias ocasiones que, en la práctica, el aumento del volumen del sector público escondía el "fichaje" de miles de "enchufados" y afines al PP. Las empresas del Consell están a la cabeza, según el Banco de España, del endeudamiento financiero de todo el Estado con 1.694 millones. Únicamente las mercantiles de Cataluña acumulan más deudas con bancos y cajas que las valencianas.
El "agujero", sin embargo e incluyendo obligaciones con proveedores, es muchísimo mayor. Los socialistas, de hecho calculan, que puede llegar a los 10.000 millones, de acuerdo a los últimos datos disponibles de la Sindicatura a los que aún debe sumarse el resultado definitivo de 2011. La deuda de las sociedades bajo mando del Consell se ha disparado desde que el PP llegó al gobierno en 1995. Los cinco grandes "socavones" del sector público valenciano están concentrados en Proyectos Temáticos, Circuito del Motor de Cheste, Ciutat de les Arts i les Ciències, Ciegsa y RTVV. Estas dos últimas, por citar algún ejemplo, suman "números rojos" por importe de 2.500 millones y de más de 1.200, respectivamente.
La situación es muy complicada. Extremadamente compleja. Y la Generalitat tiene que aligerar al máximo su lastre. Hay menos ingresos y, a partir de ahora, los gastos tendrán que ajustarse a la liquidez de las arcas. Por ese motivo, el vicepresidente José Ciscar anunció ayer el despido de entre el 40 y el 50% de los empleados del sector público empresarial valenciano, en parte por liquidación de algunas de las mercantiles en parte por la privatización de otras, que el Consell aún no ha especificado. "La situación es insostenible", reconoció Ciscar a los periodistas.
"El nuevo modelo de administración propuesto por el presidente Alberto Fabra obliga a adelgazar el sector público empresarial", explicó el vicepresidente del Consell. Ciscar relató que la Generalitat pasará de tener 46 empresas públicas, entidades de derecho público o fundaciones, a "aglutinar" todo su grupo mercantil en media docena de entes. La reducción de trabajadores, dejó claro el titular de Presidencia, afectará "exclusivamente al sector público empresarial" y, de acuerdo con su argumentación, no tiene por qué hacerse a través de Expedientes de Regulación de Empleo. De hecho, algunas mercantiles públicas "se pueden privatizar y los puestos de trabajo no se acabarían destruyendo sino que pasarían a la empresa privada". El vicepresidente afirmó que el Consell "no está recibiendo ningún tipo de presión para evitar ningún despido" y aseguró que los procesos serán "objetivos y transparentes, atendiendo a las necesidades de cada empresa pública y pensando en su futura viabilidad".
El portavoz socialista en las Cortes, Antonio Torres, apuntó que una parte del sector público "es improductiva" y en muchos casos "ha servido en exclusiva para propaganda de la Generalitat". Un argumento en el que también coincidió el síndic de Compromís, Enric Morera, que, no obstante, matizó que, en algún caso, acabarán pagando "justos por pecadores".
Socialistas y Compromís atacan a Fabra con el presupuesto del Estado
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hablará el jueves en las Cortes de los ajustes presupuestarios en sanidad y educación, de la discriminación presupuestaria de la Comunidad Valenciana en los presupuestos generales del Estado y, a petición del PP, de las medidas para incentivar la actividad de las empresas. La sesión de control de esta semana se desarrollará casi un mes después de la anterior y supondrá el estreno del nuevo portavoz del grupo socialista, Antonio Torres. El PSPV y el síndic de Compromís, Enric Morera, preguntarán sobre las gestiones del Consell para evitar la marginación de la Comunidad en las cuentas del Estado. Marga Sanz, de EU, incidirá en los ajustes en Sanidad y Educación. europa press
