El Consell no se acogerá al proyecto de ley aprobado el viernes por el Gobierno y que da cobertura legal para privatizar las cadenas autonómicas, según apuntaron fuentes de la Generalitat. El Ejecutivo autonómico mantiene su hoja de ruta para el ente público, que pasa por una nueva ley de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por la que se financiarán únicamente los contenidos considerados como "servicio público" -informativos y poco más, según se teme la oposición- y el resto se externalizará, o sea, se privatizará. Mañana, de hecho, el vicepresidente José Císcar presentará a los grupos de la oposición el proyecto de ley para que realicen sus aportaciones antes de que en mayo pase por el pleno del Consell.
Con todo, esa nueva RTVV deberá adaptarse a los criterios que ha marcado el Gobierno. A saber: fijar un límite de gasto anual y cumplir con el equilibrio presupuestario. En este sentido, cabe destacar que el anteproyecto de ley de RTVV contempla un posible déficit anual del 7%. Superar ese límite abre la posibilidad de destituir al consejo de administración y al director general. Ahora, con las líneas rojas marcadas por Madrid, RTVV estará obligada al déficit a cero.
Lo cierto es que tras años de pérdidas acumuladas, el futuro inmediato del ente público pasa por un ERE que puede afectar a 1.000 de sus 1.800 trabajadores y por una reestructuración del grupo. Se liquidarán las tres empresas -RTVV y sus filiales TVV y Radio Autonomia Valenciana- y se transformarán en el Grupo Radiotelevisión Valenciana, que previsiblemente nacerá limpio de deudas después de que la Generalitat asuma el agujero de 1.200 millones.
