Pocas explicaciones dio ayer el Ministerio de Sanidad a la pregunta de cómo va afectar el nuevo copago a los enfermos crónicos que consumen el 80% de la factura farmacéutica. La respuesta que dio el ministerio que dirige Ana Mato fue totalmente ambigua: "Se quedan igual que como estaban". Ni una explicación más.
La clave radica en la definición de lo que es un paciente crónico. Mientras los estudios internacionales consideran que son todos los que siguen un tratamiento continuado en el tiempo que probablemente se prolongue durante toda la vida, el ministerio usa otro rasero de medir: el de los pacientes a los que se prescriben medicamentos de aportación reducida por los que pagan solo 2,35 euros o 2,30 tras la última rebaja de precios, independientemente de si cuestan diez euros o cien.
Hasta ahora los enfermos crónicos que pagaban esas cantidades testimoniales eran los que formaban parte del grupo de población activa, es decir, los de las recetas verdes y que vienen a ser la cuarta parte de los consumidores de tratamientos farmacológicos.
El resto de pacientes que a sí mismos se consideran crónicos, como los que toman una pastilla diaria para que no se dispare la tensión arterial o para mantener el colesterol a raya no son considerados como tales por el ministerio, sino como "pacientes de larga duración", ya sean menores o mayores de 65 años y como tales tendrán que pagar las aportaciones del nuevo copago: el 10% si son jubilados y el 50% si son población activa.
La ministra tendrá que precisar hoy dónde está la línea que separa a unos pacientes crónicos de otros. La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria que agrupa a dos mil médicos de Atención Primaria también insistió ayer en la necesidad de definir el concepto de "cronicidad" para dar una información precisa a la población.
Los medicamentos de aportación reducida son identificados en las oficinas de farmacia por un punto negro que llevan en el código de barras. Son las insulinas y medicamentos que se prescriben a los diabéticos, los inhaladores de las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los fármacos para tratar las enfermedades mentales, los psicótropos para la depresión e inyectables para tratar tumores y trastornos de la glándula tiroides, entre otros.
Hay otro grupo de pacientes etiquetados como de "campaña sanitaria" que también se benefician de los medicamentos de aportación reducida. Se trata de las personas con enfermedades como hipertensión o hipercolesterolemia que participan en estudios genéticos hospitalarios para determinar factores de riesgo. En contra de las críticas recibidas, la ministra ha destacado que en el diseño del nuevo copago farmacéutico ha primado la renta y se ha tenido en cuenta a los pensionistas, porque "el hecho de ser mayor hace que se utilicen más medicamentos", además de a los crónicos, que tienen también "más necesidad" de medicamentos.
El cambio de tarjetas sanitarias costará 38 millones en Alicante
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) asegura que la puesta en marcha del nuevo copago farmacéutico, que obligará a los pensionistas a pagar un 10% por sus medicamentos, requerirá un cambio en las tarjetas sanitarias de todos los españoles cuyo coste será de entre 470 y 900 millones de euros. Según las primeras estimaciones realizadas por la FADSP el gasto de gestión será superior a los ingresos previstos "al menos durante el primer año". La federación ha manifestado que con este nuevo copago se "penaliza a los más enfermos y los mas pobres". En este sentido, los responsables de Comisiones Obreras estiman que "para aplicar la norma se tiene que cambiar la tarjeta sanitaria a los cinco millones de ciudadanos de la Comunidad y supondrá un gasto superior a los 102 millones de euros. En el caso de Alicante el gasto se sitúa por encima de los 38 millones, a no ser que la administracion quiera que los paguen los ciudadanos", indicó Salvador Roig. e. p / M. J. M.
Escepticismo entre los farmacéuticos
Los enfermeros aseguran que la medida es "necesaria, correcta y razonable" pero insuficiente por si sola para garantizar la sostenibilidad del sistema, los consumidores la califican de "inaceptable" porque erosiona aun más el bolsillo del ciudadano. Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaime Carbonell, expresó su escepticismo hacia la eficacia que puede representar el copago, aunque sostiene que la medida tiene un afán recaudatorio. Además, dijo que "tal vez sería más caro fabricar los envases para las unidosis" que el sistema actual.
Fabra: "Es una medida difícil que a nadie le gusta hacer"
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, calificó el copago farmacéutico, como una "medida difícil, que a nadie le hubiera gustado hacer", pero "necesaria para poder garantizar el estado de bienestar". El presidente del Ejecutivo valenciano dijo ayer en Alicante, donde participó en la romería de la Santa Faz, que "estamos ante una nueva realidad fruto de las circunstancias actuales". El presidente de la Generalitat destacó que "el Gobierno se ha encontrado con que no tiene dinero para garantizar el estado del bienestar". Asimismo, Fabra acusó al anterior Ejecutivo de no hacer los deberes. "No supo tener el suficiente dinero como para poder garantizar el estado de bienestar", añadió. El Ejecutivo valenciano elevó a Madrid deuda no contabilizada por valor de dos mil millones, de facturas que estaban en los cajones. Por su parte, la exministra de Sanidad, Leire Pajín, acusó al Gobierno de Rajoy de "meter la tijera en el bolsillo de los ciudadanos antes que recortar el beneficio farmacéutico". Pajín, instantes antes de participar también en la romería alicantina, remarcó que "las medidas de ajuste soprenden e indignan" y aseguró que "hay recorrido para tener una sanidad sostenible sin necesidad de que ningún ciudadano pague. El PSOE no lo va a consentir". La exministra dijo que su grupo va a presentar en el Congreso iniciativas que demuestren que hay alternativas para dar prioridad a la sanidad. e. p.
