La Generalitat Valenciana se ha revelado como la autonomía que acumula más deudas con proveedores de España. El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, reconoció ayer que ha remitido al Ministerio de Hacienda un total de 578.000 facturas pendientes de abonar de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, por un importe global de 4.069 millones de euros. La cifra representa el 23,5% del total de deuda de las comunidades autónomas con empresas y autónomos proveedores de obras y servicios, que asciende a 17.255 millones de euros, según avanzó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro.
Las facturas se incorporarán al plan de pagos habilitado por el Gobierno central para poner freno a la morosidad de autonomías y ayuntamientos. A partir de ahora, los acreedores tienen hasta el 16 de mayo para comprobar que su deuda ha sido incluida en los listados. Si en quince días no obtienen respuesta se entenderá reconocido el derecho de cobro.
Del conjunto de la deuda valenciana, 982 millones de euros son por facturas de las distintas consellerias; 1.237 millones, de empresas públicas; y 1.850 millones, de operaciones de gasto no presupuestadas. Esta última cifra pertenece a facturas en el cajón (obligaciones no reconocidas) que proceden básicamente de Sanidad. De esta forma, el Ejecutivo que preside Alberto Fabra ha aprovechado el plan de pagos del Ministerio de Hacienda para regularizar el grueso de su deuda no financiera y tratar de poner el contador a cero.
No obstante, el mecanismo no sale gratis. Los proveedores cobrarán por ventanilla en los bancos, pero la Generalitat sumará otros 4.000 millones de euros a su deuda financiera. El plazo de devolución es de diez años, con dos años de carencia del principal, y el Consell deberá presentar un programa de reequilibrio. La amortización se realizará por el sistema francés, es decir, con el pago anual de cuotas, como si fuera una hipoteca. El coste de la operación rondará el 5 %. Vela señaló ayer como paradoja positiva que el Consell no pudo colocar los bonos patrióticos el pasado mes de diciembre y ahora recurre al plan de pagos a proveedores, cuyo tipo de interés es menor que el que pensaba abonar por los bonos destinados a particulares.
El conseller dijo que el plan beneficiará a más de 10.000 empresas y autónomos, y supondrá un balón de oxígeno para los acreedores. Calificó de "histórico" el sistema para liquidar la deuda y reveló que en julio de 2011 ya propuso esta fórmula a la entonces vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, sin obtener respuesta. "La mejor política social que podemos hacer en estos momentos es pagar a los proveedores", dijo el titular de Hacienda. "Se trata de un plan de pagos que va a generar confianza en las empresas para que inviertan y generen empleo". Además, confió en que las entidades financieras colaboren porque el plan servirá "para sanear sus balances y reducir los índices de morosidad".
Con todo, el plan de pagos no solventará de un plumazo la deuda no financiera del Consell. El mecanismo excluye las subvenciones y los convenios pendientes de abono, al igual que los impagos de los cursos de formación, que tiene ahogados a sindicatos y organizaciones patronales. El importe global puede ascender a otros 1.300 millones de euros, de los que unos 600 millones corresponden a empresas públicas.
Vela insistió en que esta circunstancia se resolverá cuando el Gobierno emita deuda para las autonomías, los llamados hispanobonos, que dio por hecho que se colocarán en el mercado a partir de junio. La deuda de subvenciones, convenios y formación quedará saldada antes del 30 de septiembre, según aseguró el conseller de Hacienda.
Las concesiones se quedan fuera
No todas las empresas públicas han remitido a la Conselleria de Hacienda el listado con sus facturas pendientes. Las que cuentan con ingresos comerciales propios y no consolidan en los balances de la Generalitat han sido excluidas del plan de pagos a proveedores. Es el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuyas cuentas de 2010 reflejan acreedores comerciales por importe de más de 20 millones de euros. Tampoco la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) ha remitido facturas. Del mismo modo, las concesiones están excluidas, por lo que los hospitales participados por Ribera Salud no han remitido facturas. No obstante, fuentes de la Conselleria de Sanidad indicaron el departamento que dirige Luis Rosado está al corriente del pago "per cápita" presupuestado y que no hay deuda acumulada con los concesionarios.