Más niños por aula y mayor carga lectiva para los profesores. Estas son algunas de las medidas que ha planteado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, a las comunidades autónomas para hacer frente al recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa planteado por el Gobierno. Unas medidas que serán aprobadas, previsiblemente, el próximo viernes en el Consejo de Ministros a través de un decreto-ley.

La propuesta del ministro de Educación se resume en seis puntos básicos que han sido aceptados por los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. El más destacado es el incremento en un 20% del número máximo de alumnos por clase en los tramos de enseñanza obligatoria. Actualmente la Ley Orgánica de Educación establece un máximo de 25 alumnos por aula en Primaria y 30 en Secundaria. Además se incrementará el número de horas lectivas del personal docente, estableciendo un mínimo de 25 horas lectivas en Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas. En la Comunidad Valenciana, los profesores tienen hasta 25 horas en Infantil y Primaria y 21 en Secundaria, aunque según fuentes de la enseñanza, la situación varía mucho entre los centros.

Las bajas laborales de docentes inferiores a 10 días deberán ser cubiertas por el propio personal del centro. El plan también incluye "la eliminación transitoria de la posibilidad de crear nuevos complementos retributivos o retribuciones variables". Además, el ministerio aplaza al curso 2014-2015 la implantación de los módulos de 2.000 horas en FP medio y superior y suspende la obligación de los centros de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato.

Tras el encuentro con los consejeros de Educación, el ministro José Ignacio Wert señaló que estas medidas "no son una reforma educativa del Gobierno, pero sí son necesarias para desarrollarla". Wert insistió en que las mismas "son de carácter coyuntural y temporal" y por tanto "reversibles cuando cambien las condiciones económico-financieras". El responsable de Educación reconoció que "a través de estas normas se está pidiendo un sacrificio importante a los docentes de este país a los que se agradece su esfuerzo".

Nada más conocerse las contenido de las medidas planteadas por el ministerio, las reacciones de los sindicatos de la enseñanza y de las asociaciones de padres de la provincia de Alicante no se han hecho esperar. Para Francisco García, de CC OO, este nuevo escenario supondrá que el próximo curso escolar se prescinda de 3.000 profesores interinos en la provincia de Alicante. Y es que, según recordó García con el decreto 1/2012 aprobado por la Generalitat en enero, el próximo mes de julio "5.000 profesores interinos en la provincia serán despedidos para volver a ser contratados en septiembre". Con las nuevas medidas de carga horaria y aumento de las ratios "calculamos que 3.000 de estos profesores no volverán a ser contratados".

Una de las medidas que más ha sorprendido a CC OO "es el bloqueo de la actualización de contenidos de la FP, algo que supone un nuevo retraso para la puesta en marcha de una Formación Profesional de calidad y adaptada a la realidad productiva del país".En cuanto al aumento de ratios y horas lectivas, CC OO cree que "tendrá un grave perjuicio para la enseñanza". En este sentido, las medidas presentadas ayer por el ministro, "por mucho que las quieran vestir de optimización y de ahorro son puras y duras medidas de recorte y desinversión educativa". Ante este panorama, los principales sindicatos de la enseñanza ya han anunciado que seguirán con el calendario de movilizaciones y que no descartan la convocatoria de una huelga permanente en enseñanza.

Por su parte, Gonzalo Zaragoza, de la Fapa Enric Valor señaló ayer que las medidas propuestas por el Ejecutivo se suman "a los duros ajustes que ya hemos sufrido en la Comunidad Valenciana". Criticó el aumento de las ratios, "una medida que va en contra de la calidad educativa". Zaragoza recordó que la provincia registra hasta un 50% de fracaso escolar y que con las nuevas cifras de alumnos por aula "volvemos a la enseñanza de la transición". Por su parte, el sindicato ANPE rechaza este duro ajuste que se presenta "sin que se haya negociado ante la legítima representación del profesorado en la Mesa Sectorial de Educación". El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEPV) consideró las medidas un "brutal ataque a la escuela pública y a las condiciones de trabajo del profesorado". Según el sindicato, "tanto el gobierno español como el valenciano han apostado por reducir considerablemente la partida destinada a educación y no tienen entre sus prioridades la enseñanza pública".