Sanidad y enseñanza, en la diana

España ha creado uno de los sistemas de salud más valorados y reconocidos a nivel mundial y hoy pocos dudan del serio peligro que corre a causa de los recortes. La Comunidad Valenciana estrenó el año 2012 con un paquete de medidas para ahorrar en Sanidad 440 millones de euros que se sumaron al tijeretazo que el Consell dio días antes al sueldo de los funcionarios.

Pagar una tasa por la pérdida de la tarjeta sanitaria, reducir las operaciones del Plan de Choque, cobrar a los extranjeros que se operen aquí o racionalizar los medicamentos fueron algunos de los primeros ajustes adoptados por la Conselleria de Sanidad. Unas medidas que están pasando factura, sobre todo en el ánimo de los trabajadores. "Los médicos tienen una gran responsabilidad hacia su paciente y tratan, por todos los medios, de que la calidad asistencial no se deteriore, pero si la situación de recortes se prolonga acabará por repercutir irremediablemente", señala José Pastor, vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante.

El aumento de las listas de espera para operarse es otro de los riesgos que se corre "si no se abren más quirófanos para absorber lo que ya no se va a hacer en la privada". Pastor también alerta de que la saturación en la atención primaria puede pasar factura a largo plazo: "Si un paciente no es atendido adecuadamente por su médico de familia, su enfermedad degenerará hasta el ingreso en el hospital, lo que a la larga acaba siendo más caro".

Entre las medidas adoptadas por el Consell destaca la de no sustituir al personal en los centros de salud hasta que no lleven 15 días de baja, "por lo que el cupo de un sanitario enfermo tiene que ser asumido por otro que a lo mejor va muy cargado de trabajo", explica Pastor. Y es que el déficit de personal es otro de los peligros que amenazan al sistema sanitario, donde ya no se permitirá a los médicos prolongar la edad de jubilación de los 65 a los 70 años, lo que afectará a más de 300 médicos en la provincia. "Si esas plazas no se cubren habrá déficit en algunas especialidades".

La pretendida calidad de la enseñanza también está en horas bajas y vive uno de sus momentos más delicados a consecuencia de los "ajustes" aprobados en el decreto de enero del Consell. Siempre se ha mantenido que sin el apoyo de los docentes no hay reforma educativa que tenga éxito y los cambios anunciados en el ámbito escolar sólo han conseguido, hasta ahora, un enfrentamiento encarnizado con el colectivo de educadores. Mala señal.

La rebaja del 50% en el cobro de sexenios, el complemento personal de formación, no la han digerido nada bien los docentes porque, además, ha sido la única Comunidad que ha llevado a cabo esta medida. El despido de la totalidad de los interinos desde el próximo 30 de junio también ha generalizado la intranquilidad por el puesto de trabajo en tiempos tan convulsos y ha propiciado la férrea unidad de los cinco sindicatos contra las medidas del Consell, hasta el punto de que no han vuelto a sentarse a negociar y proclaman su malestar en la calle.

La medida afecta a los 7.500 interinos de la Comunidad, 5.000 de ellos -la gran mayoría- en la provincia. Las escuelas de idiomas, en concreto, quedarán desasistidas en julio para completar las pruebas libres de Valenciano o Inglés.

Entre las primeras consecuencias de la batalla emprendida entre los trabajadores de la enseñanza y su empresa, la Conselleria de Educación, figura la eliminación de buena parte de las actividades extraescolares que voluntariamente propiciaban los profesores. En algunos centros los padres han tomado el relevo y en otros, para mantener la paz social con las familias, las han recuperado, pero el conflicto pervive.

Tampoco habrá nuevos colegios, por más falta que hagan. Los alumnos tendrán que apretarse en aulas ya de por sí saturadas, con el aumento de la ratio en un 10% anunciada por el ministro Ignacio Wert. "Así es como se van a dar los idiomas en el siglo XXI, con más de 30 alumnos en Bachillerato, la misma didáctica de enseñanza que cuando yo no los aprendí", ironiza Francisco García. De esta forma, los planes de plurilingüismo y contra el fracaso escolar en los que pone el acento la consellera Catalá para la presente legislatura no prometen gran cosa.

En las universidades, las tasas para el alumnado ya son las más caras del país y los laureados Campus de Excelencia han pasado a la historia en un abrir y cerrar de ojos. Por todo ello la incertidumbre es máxima en los sectores de los que depende el futuro de la sociedad.

Pero estos primeros recortes se quedarán pequeños a la luz del tijeretazo de 700 y 300 millones de euros que Sanidad y Educación van a tener que asumir respectivamente por imperativo del Gobierno central en Madrid.

La semana que viene se empezará a conocer cómo cristalizan los nuevos "ajustes". De momento ya se han escuchado posibles medidas en el sector sanitario como las de unificar la cartera de servicios con la eliminación de algunas prestaciones, y la de pagar por los medicamentos en función de la renta. El responsable de Comunicación de CC OO, Salvador Roig, critica "la falta de información y el oscurantismo" de las nuevas medidas" y rechaza que se toque la cartera de servicios y se reduzcan prestaciones "porque sólo beneficia a quien tiene dinero para pagar el tratamiento por la privada". Se opone además al pago de medicamentos por renta, "que perjudica a los pensionistas porque tienen el mayor gasto".

Los profesores también saben que deben ajustar los costes de luz, agua y gas en los institutos para poder optar a proyectos educativos y nuevos materiales, mientras desde Educación se insiste en que "no somos el enemigo".