Casi dos terceras partes del presupuesto anual de la Generalitat, prácticamente la mitad de la deuda global de la Comunidad y 1,5 billones de las extintas pesetas. Esas tres variantes guardan en común una cifra: 9.000 millones de euros. Justo, la cantidad de dinero negro que mueve la provincia a día de hoy, según las estimaciones del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La crudeza de la crisis y su pervivencia en el tiempo -las dificultades económicas comenzaron a sentirse en el último trimestre de 2007, hace ya cuatro años y medio- han vuelto a reflotar las prácticas irregulares. "Es muy probable que la crisis económica esté propiciando dejar de declarar una parte de los ingresos y trasladar actividades económicas a la economía sumergida", reza el último informe del sindicato. Y es que al cierre de 2007, según los datos que maneja Gestha, la cantidad de dinero que escapaba del control del fisco en la provincia alcanzaba los 7.000 millones, 2.000 menos que ahora.
Las cifras, llamativas de por sí por su volumen, cobran especial relevancia gracias a la amnistía fiscal que quiere impulsar el Gobierno central. El Ejecutivo pretende regularizar 25.000 millones de euros de dinero negro y recaudar 2.500 millones. Ese es el precio que deberán pagar los defraudadores por blanquear sus fondos: el 10%. Ni multas, ni impuestos. Solo el 10%.
Y todo, con el fin de cumplir con las exigencias de Bruselas. España está obligada a cerrar 2012 con un déficit del 5,3% -el plan inicial de Rajoy pasaba por un 5,8%- y para conseguirlo, el Ejecutivo tenía dos fórmulas, según ha asegurado el propio Gobierno (resto de ajustes al margen). O subir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o promover la amnistía fiscal. Curiosamente, esta última iniciativa recibió críticas feroces del PP en el año 2010, con Zapatero aún en La Moncloa. El PSOE barajó la posibilidad de adoptar la medida, pero se topó de bruces con la oposición del PP. "Es impresentable que se dé una amnistía fiscal a aquellos que hayan defraudado a Hacienda", sentenció por aquel entonces María Dolores de Cospedal, número dos de Rajoy.
Pero ahora, dos años más tarde, los populares no han tenido más remedio que cambiar de opinión. Han incluido la aministía fiscal en los Presupuestos Generales del Estado y fían en ella ni más ni menos que 2.500 millones, casi una décima parte del ajuste total de las cuentas de 2012 (27.300 millones). Pues bien, si aflorara todo el dinero negro que se mueve en la provincia, el Ejecutivo ya tendría hecha una tercera parte de sus deberes. Se embolsaría un total de 900 millones.
Recetas contra el fraude
En su último informe sobre economía sumergida, Gestha advierte de las consecuencias que puede acarrear no poner coto al fraude. "Resulta urgente frenar esta peligrosa deriva, porque una vez que las actividades se han vuelto opacas, conseguir que vuelvan al circuito legal se hace largo y complejo. Esto supone un gran problema para que la recaudación tributaria sea estable y previsible con el fin de poder controlar el déficit público y el efecto inducido de incremento de los costes de financiación de la deuda pública y las dudas sobre la solvencia de nuestro país", reza el estudio.
Para erradicar los engaños al sistema, el sindicato propone dos medidas. Una, alcanzar una mayor eficiencia en la gestión de la Agencia Tributaria. Y dos, mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, "lo que pasa necesariamente por cambios en la organización y en los métodos de gestión".
Los objetivos que se persiguen son varios. Algunos de ellos son la consecución de la estabilidad presupuestaria por la vía de un aumento de la recaudación fiscal; fomentar el crecimiento económico en tasas superiores a la actual; y preservar una suficiente cobertura pública de las políticas de educación, sanidad y otras necesidades esenciales.
