Los presupuestos más restrictivos de la historia utilizarán una partida muy importante al pago de la deuda, que según ha adelantado el ministro de Economía, Luis de Guindos, se acercará al 80% del Producto Interior Bruto (PIB) al finalizar el año. El capítulo de gastos financieros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año aumenta un 5,3% respecto a 2011, como consecuencia de la evolución de la deuda pública y de las condiciones de los mercados financieros, situándose el pago de intereses en los 28.876,03 millones de euros, lo que significa el 16,4% del total del presupuesto de gastos. Esa cantidad es superior incluso a la de personal, que se queda en 27.340 millones, tras aumentar un 1,3%.
Esas previsiones se han realizado con la estimación de que la prima de riesgo española se mantenga durante todo el año en los niveles del pasado febrero, entre los 305 y los 325 puntos; una previsión "prudente", según indicó ayer el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, durante la presentación de las cuentas del Estado. En concreto, el apartado destinado a la deuda pública alcanza los 78.898 millones, el 21,79% del presupuesto total. Las previsiones del Ejecutivo de Rajoy son emitir 186.100 millones de euros en deuda para cubrir los vencimientos y cubrir las nuevas necesidades financieras del Estado.
Por c0ntra, las cuentas de 2012, que incluyen un ajuste de 27.000 millones de euros para poder cumplir con el objetivo de déficit a final del año del 5,3 % marcado por Bruselas, incluyen un importante recorte en la partida de gasto social, que cae un 4,3%, hasta los 175.382 millones, pese a que continúa representando más de la mitad del presupuesto (un 56,2%). Esta macropartida de gasto incluye las pensiones, que aumentan un 3,2% hasta alcanzar los 115.826 millones, y que suponen casi 37 de cada cien euros de esta partida. También incluye el fomento de empleo que, curiosamente el año en el que el Gobierno contempla que se alcance el 24,3% de paro -5,6 millones de desempleados al finalizar 2012- recorta un 21,3 % la inversión respecto a 2011, con lo que se queda en los 5.764 millones de euros. Lo mismo sucede con el dinero destinado al desempleo, que se sitúa en los 28.805 millones de euros, un 5,5% menos, un recorte que estaría justificado por el aumento del paro de larga duración y la pérdida de prestaciones, más que con un recorte del desempleo.
Dentro del gasto social se encuentran también las partidas denominadas "bienes públicos de caracter preferente", que son las de sanidad, educación y cultura, con cifras económicas menores debido a que la mayoría de las competencias ya se ecuentran transferidas a las comunidades autónomas.
Por lo que respecta a las inversiones, las directas correspondientes al apartado de infraestructuras ascienden a 11.387 millones de euros -lo que supone un descenso del 22% respecto a lo fijado en el Presupuesto de 2011- de los que 6.938 corresponden al sector público empresarial y el resto, 4.448 son inversión directa del Estado.
Se trata además del menor volumen de inversión para este capítulo de entre los recogidos en los Presupuestos desde al menos 2007, ejercicio previo a la crisis. El proyecto de ley indica que, "en el actual contexto de restricción presupuestaria", la política de infraestructuras se ha modificado para "dar prioridad a las obras con un muy avanzado grado de ejecución" y apostar por "los corredores con mayor volumen de tráfico". Además, busca "potenciar el transporte en ferrocarril en Alta Velocidad, red convencional y Cercanías. De hecho, este apartado copa el 44,8% del presupuesto inversor total, dado que contará con 5.107,11 millones de euros, si bien este importe arroja un descenso del 26% respecto a los PGE de 2011.
Por lo que respecta a los ingresos no financieros, los PGE contemplan un incremento del 19% respecto al año 2011, lo que supone 211.089 millones de euros. Los ingresos impositivos aumentarán un 4,3%, alcanzando los 167.797, gracias al incremento del 4,7% de más del IRPF -73.106 millones- tras la subida aplicada en febrero. También aumentará la recaudación del impuesto de sociedades (un 17,8%) tras los últimos cambios, lo que supone 5.350 millones. Los ingresos del IVA, por contra, descenderán un 3,3% respecto al año anterior, situándose en los 47.691 millones. A estas aportaciones el Ejecutivo suma otros 2.500 millones, aproximadamente, procendentes de la aministía fiscal anunciada con caracter transitorio. La recaudación por impuestos indirectos, en cambio, caerá un 3%, hasta los 18.426 millones, debido a una caída en las recaudaciones procedentes del tabaco y los hidrocarburos.
