Las malas noticias se acumulan para las personas en situación de dependencia. Hace unos meses el Gobierno ya decidió paralizar la incorporación de los dependientes moderados dentro de los grupos de beneficiados por esta ley. El pasado viernes, en el contexto del mayor ajuste presupuestario de la democracia, llegó otro varapalo: el Ejecutivo anunciaba la supresión de una línea de financiación para la Dependencia de 283 millones. Esto supone que los dependientes de la Comunidad Valenciana contarán para 2012 con 25 millones menos que en 2011.
Jaume Esteban García, coordinador estatal de las plataformas en de defensa de la Ley de Dependencia, advirtió ayer de que "esto puede tener graves consecuencias en los beneficiarios de las prestaciones". Y es que ante los problemas financieros de las autonomías, este partida, que en teoría va destinada a infraestructuras, en la práctica las autonomías lo estaban usando para atender a las personas. Con todo, la coordinadora de plataformas envía un mensaje de tranquilidad: "De momento", explica, las ayudas a la dependencia están garantizadas.
La Dependencia recibe financiación de la administración central por dos vías. Por un lado, está el "nivel mínimo", es decir, las ayudas mensuales a los usuarios que copagan a partes iguales Estado y comunidad autónoma. Esa aportación del Gobierno, que suponen el grueso del dinero, está garantizada. Pero como complemento a esto, existe el "nivel acordado", una ayuda a las autonomías para cubrir las carencias en infraestructuras, mejora en la calidad de vida de los dependientes... Ésa es la partida de 283 millones que el Gobierno acaba de suprimir y que para la Comunidad supone un bocado a los recursos de 25 millones, en torno al 15, 5 % de toda la aportación estatal.
Desde la plataforma temen que la extinción de esta partida estatal conlleve también la desaparición de la dotación de otros 25 millones por parte de la Generalitat. Es decir, 50 millones en total. Y es que, cabe recordar, las autonomías están obligadas por ley a aportar al menos la misma cantidad que el Gobierno, con lo que una vez suprimid0 el "nivel acordado", la Generalitat no estaría ahora obligada a aportar sus 25 millones. "Vamos a exigir que las autonomías cubran su parte", apunta el coordinador estatal.
Además de esto, la retirada de estos 25 millones puede tener otros efectos como "la pérdida de la atención para 3.500 personas en situación de dependencia y más de 800 puestos de trabajo del sector servicios de atención a la dependencia, como residencias, centros de día y centros ocupacionales", según valoran desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
