El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado, en un pleno extraordinario convocado este viernes de urgencia, el plan de ajuste 2012-2022, por el que solicitará un crédito por valor de casi 55 millones de euros al Ministerio de Hacienda para hacer frente al pago de las facturas pendientes a los proveedores.

Las medidas se aplicarán entre los ejercicios 2012 y 2022, y entre ellas, con el objetivo de generar ingresos, se contempla el incremento del 10 por ciento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en 2012 y 2013, la actualización al Índice de Precios al Consumo (IPC) de las tasas y del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como la modificación de la ordenanza por entrada de vehículos por las aceras.

Por otro lado, las decisiones adoptadas en el plan para ahorrar gastos estipulan, a nivel de personal del Ayuntamiento, la amortización de plazas de plantillas vacantes y de funcionarios de empleo vacantes, la supresión de productividad por servicios prestados --premios de antigüedad--, la eliminación de la indemnización por jubilación anticipada y de la cesta de Navidad.

Igualmente, este capítulo incluye la supresión de la indemnización por desplazamiento --excepto las partidas rurales y polígonos industriales-- para los trabajadores del consistorio, la supresión de las dedicaciones exclusivas de miembros de la corporación municipal y la eliminación de plazas de funcionarios de empleo.

Además, en los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2015, ambos inclusive, desde la Concejalía de Hacienda de Alicante han fijado que no sean provistas las bajas por maternidad o paternidad, siempre que no afecte a servicios básicos o que supongan modificaciones en la organización.

En esta misma línea, se ha aprobado la no provisión de plazas vacantes con derecho a reserva que no se puedan amortizar, ni de aquellas plazas también vacantes actuales de funcionarios de empleo. Tampoco se cubrirán con contratados los puestos correspondientes a algunos liberados sindicales ni se suplirán las jubilaciones previstas desde 2013 a 2016.

El plan de ajuste incluye en su capítulo de 'Gastos en bienes corrientes y servicios', el traslado de las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo a un inmueble de propiedad municipal.

Otro de los apartados hace referencia a las 'Transferencias corrientes', donde desde el consistorio alicantino han previsto adecuar 'gradualmente' los Patronatos Municipales. Así, a partir del próximo 2013, se adecuarán, "al menos", el 50 por ciento de los Organismos Autónomos Municipales, para producir un "ahorro en puestos de trabajo que actualmente duplican con el Ayuntamiento en sus funciones".

Sobre las 'Inversiones reales', el plan de ajuste ha estimado que "el montante puede ascender a tres millones de euros en 2013, a dos en 2014 y 2015, y a 10 millones en el resto de ejercicios" --hasta 2022--.

"El Ayuntamiento de Alicante se compromete a adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, los límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, por un período coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento, que será como máximo de diez años de duración", tal y como ha quedado plasmado en el informe económico referido.

El plan de ajuste aprobado este viernes por el equipo de gobierno local, con los votos a favor del Partido Popular (PP), la abstención de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), y la oposición de los concejales de los grupos municipales del PSPV-PSOE y de Esquerra Unida (EU), deberá ser trasladado al Ministerio de Hacienda como fecha límite este sábado, según el plazo fijado por el Gobierno de España.

QUEJAS DE LA OPOSICIÓN

Inicialmente, la corporación municipal había convocado para la mañana de este viernes un pleno ordinario, a las 9.30 horas, en el cual no se había incluido en el orden del día la aprobación del plan de ajuste, por lo que la sesión ha sido retrasada hasta las 11.00 horas, tal y como han explicado fuentes de la oposición.

Este aspecto ha sido denunciado por los grupos municipales del PSPV y EU, cuyos portavoces, Elena Martín y Miguel Ángel Pavón, respectivamente, han presentado, en el Registro General del Pleno, un escrito firmado por todos los concejales de sus equipos en el que alertaban de la "ilegalidad" del cambio de hora "por haberse tomado "unilateralmente" por parte de los miembros del PP.

En declaraciones a los periodistas, Martín ha explicado que para cambiar la hora de celebración de un pleno ordinario, "se tendría que haber reunido previamente la Junta de Portavoces", un extremo que tanto ella como Pavón han asegurado que no se ha producido.

Igualmente, han subrayado que "el retraso ha sido, según el PP, porque no habían acabado el plan de ajuste", una finalización del documento que se ha producido "en las últimas dos horas", según ha resaltado Pavón.

Una vez anulado el pleno ordinario previsto para las 9.30 horas, se ha convocado de urgencia una Junta de Portavoces de los grupos municipales a la que ha seguido una reunión de los mismos con los Técnicos de Hacienda del consistorio alicantino, en la que los miembros de la oposición han recibido, "por primera vez", explicaciones sobre el contenido del plan de ajuste, según han manifestado Pavón y Martín.

Tras esa reunión, se ha convocado un pleno extraordinario para las 12.30 horas --que ha comenzado a las 12.45 horas--, con el mismo orden del día inicial pero en el que se ha incluido, a modo de 'Asunto de Urgencia', la aprobación del plan de pago a proveedores.

IMPUESTOS Y EMPLEOS

Durante los turnos de palabra que han precedido a la votación para dar luz verde al plan de ajuste, el portavoz de EU ha insistido al concejal de Hacienda, Juan Seva, y a los miembros del PP, que con las medidas dictadas en el documento se "subirán los impuestos a la ciudadanía y se contribuirá a destruir empleo", y ha asegurado sentirse "ninguneado por retraso del pleno ordinario y por la gestión del plan de ajuste".

Por su parte, Martín, en representación del grupo socialista, ha opinado que el plan "hipotecará los próximos diez años del Ayuntamiento de Alicante", ha cuestionado la viabilidad de las medidas amparada, según ella, en el informe que el interventor del consistorio, Francisco Guardiola Blanquer, ha elaborado sobre el plan, y ha preguntado a Seva qué consecuencias tendría el no cumplimiento de los puntos propuestos.

Además, el concejal de UPyD, Fernando Llopis, ha cuestionado la "falta de valentía del plan" y ha considerado que se "debería ser más agresivo a corto plazo y más moderado a largo".

Por último, y en respuesta a los grupos de la oposición, Seva ha desmentido que se vayan a subir impuestos y a destruir puestos de trabajo, y ha recalcado que "únicamente" se actualizarán las tasas al IPC y se amortizarán determinadas plazas de funcionarios.