A los 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Alicante adeuda a la empresa concesionaria del transporte público (Masatusa) se suman, al menos, otros 5 millones de euros que no se recogieron en el listado de facturas remitido a mediados de mes al Ministerio de Hacienda para optar a créditos con los que pagar a los proveedores. El motivo, según detalló el interventor en la comisión de Hacienda celebrada ayer, es que esas facturas no se incluyen dentro de los supuestos establecidos por el Gobierno. Y este no es el único caso, por lo que la deuda municipal con los proveedores supera los 55 millones de euros declarados ante el Ministerio. Ante esta situación, desde el PSOE y EU exigen saber el volumen real de las obligaciones pendientes que arrastran las arcas municipales.
El decreto en cuestión instaba a los ayuntamientos a enviar una relación de facturas pendientes con proveedores de bienes y servicios excluyendo, entre otras cosas, las referentes a lo que se adeuda a las administraciones públicas o por alquileres. En el caso de Masatusa, desde la Concejalía de Hacienda sostienen que los cinco millones de euros no incluidos en la relación remitida al Ministerio son un ejemplo de las excepciones que fija la orden, puesto que se trata "de una subvención al transporte". Pese a su exclusión, desde el área que dirige Juan Seva sostienen que esa cantidad "se abonará" al margen del plan de pagos del Gobierno.
Durante la comisión de Hacienda los partidos de la oposición también reclamaron información a Seva sobre las medidas que incluirá el plan de ajuste que se aprobará en el próximo pleno. El edil, que hasta ahora no ha descartado una subida de la presión fiscal sobre los ciudadanos o una reducción de plantilla, se limitó a responder que sigue trabajando en el plan que deben presentar al Gobierno antes del 31 de marzo para poder optar a créditos para pagar a proveedores. Así lo confirmó la alcaldesa, Sonia Castedo, quien declinó hablar sobre su contenido, pero aseveró que "será el menos gravoso, no para el Ayuntamiento, sino para los ciudadanos".
La primera edil precisó que el plan de ajuste está ahora mismo sobre la mesa, y que cuando sea definitivo se darán a conocer las medidas que se adoptarán, las cuales no quiso concretar. "Están en estudio pero tampoco son muchas las posibilidades que hay", reconoció, un día después de que el concejal de Hacienda no descartara una posible subida de tributos. "Tenemos una idea general de por dónde se podrían llevar esos ajustes pero no voy a decir por dónde se podrían hacer sino por dónde se llevarán definitivamente". La idea del equipo de gobierno es terminar el plan a tiempo para que pueda llegar al pleno de este próximo viernes.
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Elena Martín, mostró su malestar por el hecho de que no se hayan detallado todavía las medidas del plan de ajuste y advirtió que "sería una burla que nos lo pasaran media hora antes del pleno". El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, ha solicitado un informe sobre el global de la deuda y desde UPyD criticaron que la mayoría de los temas debatidos a la comisión de Hacienda se llevaran por vía de urgencia.
Castedo dice que PSOE y EU no han renunciado a dietas y ella sí
La alcaldesa dijo ayer que la oposición municipal está entrando en un juego "muy complicado y muy peligroso" pidiendo que se supriman las dietas de 1.500 euros que cobran los concejales por las reuniones de los consejos de administración de las empresas mixtas de Aguas de Alicante y Emarasa. "Yo cobro por mi trabajo y por mis responsabilidades, es lo lógico. Cobro exactamente igual que los demás".
Sonia Castedo incluso fue más allá y dio a entender que los concejales de la oposición mantienen una actitud hipócrita ya que "ninguno de ellos ha renunciado a ninguna dieta" mientras que ella sí lo hizo. "Yo sí, por ejemplo, a lo que se cobra por el Patronato de Turismo, y lo hice además hace tiempo y sin decirlo en los medios de comunicación. Los demás no lo han hecho", insistió.
La primera edil responde así a la petición de los concejales de EU y del PSOE para que se suprima el dinero que reciben por asistir a los consejos de administración de las empresas mixtas al entender que son excesivas estas retribuciones por unas reuniones que en ocasiones no duran más de una hora.
En este sentido, el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, dijo que la renuncia de Castedo debió ser en la anterior legislatura, en que este grupo no estaba en la oposición, porque en la actual solo se ha reunido en un par de ocasiones, "y ese tema no se planteó por su parte en el seno del órgano rector del Patronato". Según Pavón, con la supresión de las dietas por asistencia a consejos de administración se ahorrarían 30.000 euros ya que suele haber cuatro al año por entidad. J.H.
