La Diputación de Alicante aprobó ayer, en un pleno extraordinario, la primera modificación del presupuesto de 2012 por una cuantía cercana a los 4,5 millones de euros, que se destinarán a hacer frente a las obligaciones pendientes, principalmente, con Proaguas Costa Blanca y el plan de carreteras, abonos que en un 80%, de acuerdo a los cálculos de la oposición socialista, se han originado como consecuencia de los impagos de la Generalitat. El cambio presupuestario, aprobado con los votos a favor del PP y la abstención de los socialistas, está financiado "prácticamente en su totalidad" con el remanente de tesorería del presupuesto de 2011 -4,4 millones-, según explicó la corporación en una nota.

El portavoz y diputado de Economía y Hacienda, César Augusto Asencio, precisó que quedan pendientes 2,3 millones del plan de carreteras y que se inyectarán 600.000 euros a Proaguas a través de un préstamo que le concederá la propia corporación provincial para que la empresa haga frente a sus obligaciones de pago. "Todo va a quedar liquidado antes del 30 de abril y, por tanto, no va a ser necesario recurrir a un plan de ajuste", pues en esa fecha "no va a haber ningún acreedor sin haber cobrado de la Diputación", llegó a afirmar el diputado Asencio. El resto del dinero se destinará a sufragar obras finalizadas antes del plazo previsto y a otras actuaciones "de menor cuantía".

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Alejandro Soler, atribuyó esta modificación presupuestaria a "la mala planificación" del equipo de gobierno popular, al que acusó de emplear parte del dinero destinado a los municipios para "paliar la deuda que el Consell mantiene con la Diputación". Efectivamente, por ejemplo, los fondos del plan de carreteras corresponden a un programa que contaba con aportaciones de la Generalitat que, en la práctica, no se han llegado a concretar.

En este sentido, Soler emplazó a la institución provincial a "exigir a la Generalitat que cumpla con sus compromisos contractuales y que no se comprometa a pagar lo que sabe que no puede". "Debe reclamarlo con respeto pero con contundencia, ya que esta quiebra técnica del Consell está afectando al bolsillo de los ciudadanos", sentenció Soler. La mayoría de los impagos pendientes corresponden a la financiación del auditorio.