La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía que más quejas ha remitido al Defensor del Pueblo durante 2011, con un total de 3.351 denuncias presentadas ante la institución que representan el 14,3 % del total nacional.
Pese a situarse solo por detrás de Madrid, la Comunitat Valenciana ha enviado 1.443 quejas menos que en 2010 al Defensor del Pueblo (-30,1 %), en la línea de la mayor parte de autonomías, ya que once han registrado descensos, lideradas por Asturias y Canarias, que han bajado en más de un 60 %.
Así se desprende del Informe a las Cortes Generales 2011 del Defensor del Pueblo, que recopila un total de 23.433 quejas durante 2011, 10.437 menos (-30,81 %) que en el ejercicio anterior.
Por provincias, Valencia sigue siendo la que más ha recurrido a la institución fiscalizadora (1.551 quejas), seguida de Alicante (1.333) y Castellón (467), que es la única de las tres que aumenta el número de quejas respecto a 2010, en 84.
En materia de prisiones, la institución ha investigado la posible falta de medios en el Centro de Inserción Social de Valencia y las deficiencias en la ampliación de un módulo de máxima seguridad en la cárcel de Picassent (Valencia).
En esta cárcel, también se han investigado plagas de ratas, cucarachas y chinches, y se han detectado fallos en la alarma antiincendios y el detector de metales.
La Defensora del Pueblo, María Luisa de Cava, mantiene abierta una investigación al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIES) por la expulsión de un interno que había denunciado malos tratos.
De Cava ha sugerido a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte que resolviera los procedimientos sancionadores aún en curso sobre edificaciones en el litoral, que este departamento admitió.
Por contra, esta misma conselleria ha rehusado contestar, tras ser consultada por tercera vez por la institución estatal, sobre cómo afectaría a Benimàmet la ejecución de la Ronda Norte a su paso por este municipio del área metropolitana de Valencia.
Entre las localidades que tampoco han atendido las peticiones de información se encuentran Alzira (por las molestias de un túnel de lavado), Ibi (sobre la reserva de una plaza municipal como personal fijo), Villena (en relación a las molestias generadas por los equipos de ventilación de un garaje), Xirivella (por el encauzamiento de un barranco).
Entre las quejas colectivas presentadas ante la institución destaca una suscrita por 6.178 ciudadanos que denunciaban los supuestos errores en el diagnóstico y tratamiento de profesionales del Hospital de Torrevieja (Alicante), que pudo provocar el fallecimiento de algunos menores.
No en vano, el propio Defensor del Pueblo inició una queja de oficio ante la Conselleria de Sanidad tras la muerte de un bebé en ese mismo hospital, que había sido atendido por un profesional que carecía de titulación médica homologada.
Ante la Conselleria de Bienestar Social, se ha investigado asimismo el fallecimiento de una niña de 3 años, al parecer a manos de su madre, cuando ésta supo que iba a perder su tutela.
Desde la provincia de Alicante, 201 ciudadanos han mostrado su disconformidad con la paralización de las obras de la N-322 a su paso por Benisa (Alicante), por parte de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
