El Ejecutivo de Alberto Fabra dio luz verde ayer a la tramitación del anteproyecto de ley de la Generalitat por la que se aprueba la carta de derechos sociales de la Comunidad Valenciana, una norma que desarrolla el título II del reformado Estatuto de Autonomía en el que "se eleva la garantía" de una serie de derechos y principios que deben regir la actuación pública del Consell en política social. El texto, sin embargo, excluye dos derechos claves en un momento en que el sostenimiento del actual Estado de Bienestar está en cuestión. Ni el derecho a la sanidad ni a la educación aparecen recogidos expresamente en el articulado de una norma que el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, presentó ayer como un nuevo marco de "garantía y protección" de los ciudadanos de la Comunidad.
El "olvido" no ha pasado desapercibido por el Comité Económico y Social (CES) en su dictamen. El organismo saca los colores al Consell al subrayar que el texto, que ha tardado siete años en aprobarse, no incluye determinados derechos de índole social como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales. La institución consultiva recuerda que estos derechos básicos si están reconocidos en otras declaraciones como la Carta Social Europea o la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores. "Se considera -estima el CES- que existe una contradicción al hacer referencia a los derechos universales y a los derechos sociales, no incluyendo en el mismo articulado derechos sociales como la educación y la sanidad".
No es la única pega que pone el organismo. Así, echa en falta que cuando se hace referencia al derecho a acceder a las prestaciones sociales de las personas en situación de dependencia, "se deberían incluir también el derecho de acceso a lo servicios y no solo a las prestaciones". Tampoco le convence que no haya una referencia específica a prohibir la discriminación a causa de la orientación sexual de las personas. Con todo, la discordancia de mayor calado es la que evidencia el punto flaco del proyecto de ley aprobado ayer por el Consell. El CES considera que no todos los derechos contenidos en la carta deberían vincularse a la existencia de disponibilidades presupuestarias. En opinión del citado organismo, "el cumplimiento de algunos deben ser vinculantes al margen de los recursos".
Y es que la ley llega en un momento crítico en las finanzas públicas. De hecho, la norma, que en otra época habría servido al Consell para sacar pecho por su compromiso por la política social, llevaba paralizada varios meses. En plena ola de recortes y movilizaciones hablar de garantías en la prestación de los servicios sociales resulta cuanto menos chocante. La precaria situación de las arcas públicas ha derivado en que el Consell no puede ni si quiera cumplir con leyes ya aprobadas como la renta mínima garantizada o las ayudas a la dependencia.
La carta de derechos que diseñó el Consell -el primer anteproyecto se aprobó en abril de 2011 con Francisco Camps como presidente- incluye toda una serie de declaración de intenciones para garantizar servicios y prestaciones a colectivos como menores, discapacitados o inmigrantes. El articulado está trufado de mandatos a la Generalitat para que adopte medidas con el fin garantizar los derechos de los valencianos, incluidas medidas de discriminación positiva a favor de personas necesitados de especial protección.
El artículo 9, por poner un ejemplo, asegura que las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder a las prestaciones previstas en la legislación estatal, así como en la normativa autonómica. Se trata de un reconocimiento específico que en principio debería vincular a todos los poderes públicos en la Comunidad Valenciana. Ahora bien, artículo 49 referido a las garantías económicas deja bien claro que el límite está en los presupuestos: "Los presupuestos de la Generalitat, en el marco de las disponibilidades anuales, contendrán los recursos suficientes para el cumplimiento efectivo de los derechos contenidos en la presente Carta", establece.
Tras el País Vasco y Navarra
Císcar subrayó ayer que cuando las Corts aprueben la ley la Comunidad Valenciana será la tercera autonomía que tenga una carta propia de derechos, tras País Vasco y Navarra. La norma vasca sí hace una mención específica al derecho a una sanidad y una educación de calidad; mientras que la ley de Navarra se centra en la regulación de la renta mínima para las personas sin recursos. El portavoz del Consell añadió que la Conselleria de Bienestar Social está trabajando en Ley de Servicios Sociales y especificó que unificará en un solo texto toda la normativa dispersa e incluirá todos los servicios de dependencia y renta mínima garantizada. La ley deberá ahora debatirse en las Cortes Valencianas.
El Síndic de Greuges como garante y "recursos suficientes"
El texto elaborado en su día por el departamento que dirigía Angélica Such y que el conseller Jorge Cabré llevó al Consell a finales de 2011 incluye un apartado específico sobre la vinculación de los poderes públicos. "El Síndic de Greuges -recoge la ley- como institución de la Generalitat que tiene encomendada la defensa de los derechos y libertades reconocidos en la presente Carta de Derechos Sociales, garantizará la efectividad de estos derechos ante los poderes públicos autonómicos, en el ámbito competencial y territorial de la Comunitat Valenciana". En pleno cuestionamiento de la institución -el propio titular del Consell, Alberto Fabra, no ha descartado llegado el caso prescindir del defensor del pueblo valenciano- la norma le hace garante de la prestación de los derechos reconocidos. La ley dedica apartados específicos a los jóvenes, discapacitados, menores e inmigrantes. j. ruiz
