La Generalitat ha dado su visto bueno a la polémica ampliación del vertedero de Fontcalent para aumentar su capacidad en casi dos millones de toneladas -un 70% más- con la construcción de un quinto vaso para verter residuos. Grupos de la oposición y colectivos ecologistas denuncian que la llegada de basuras de otras localidades ha provocado que las instalaciones, que se abrieron hace siete años con un periodo de vida de 21 años y una capacidad de 2,7 millones de toneladas, se encuentren prácticamente colmatadas. Algo que, no obstante, rechazan el Ayuntamiento y la empresa que gestiona el vertedero, Inusa. De hecho, afirman que no se prevé acometer de manera inmediata las obras para construir la nueva celda de vertidos y que se trata de una previsión de futuro.

Desde la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente confirmaron ayer a este diario la concesión de la Autorización Ambiental Integrada para permitir la ampliación del vertedero a través de una quinta celda para depositar basura -más grande que cualquiera de las cuatro existentes- con capacidad para 1,8 toneladas de residuos. Sin embargo, desde Inusa afirman que, por el momento, "no urge" la ampliación de las instalaciones y argumentan que existen dos vasos de vertido -el tercero y el cuarto- que todavía "no están en uso". La mercantil recuerda que en septiembre, cuando finalice la actual contrata municipal, las instalaciones de Fontcalent pasarán a manos del Ayuntamiento, que tampoco tiene intención de acometer las obras de forma inminente. Así lo aseveró ayer el edil de Atención Urbana, Andrés Llorens, quien sostuvo que el vertedero "todavía tiene capacidad para muchos años" y que la tramitación de la ampliación se ha realizado "en previsión de que en un futuro pueda hacer falta para que no nos pase lo que a otros municipios".

Unas explicaciones que no convencen a los grupos de la oposición. El portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento, Gabriel Moreno, sostiene que "el vertedero se devolverá colmatado al Ayuntamiento, cuando debería garantizarse su utilidad durante más de diez años". En su opinión, "la ciudad tendrá que embarcarse en la construcción de una nueva celda, con la consiguiente inversión y molestias, porque las instalaciones se han estado explotando con basuras de fuera generando beneficios para la empresa". Moreno señala que la Conselleria, dentro del trámite para su ampliación, "evidencia que se han estado incumpliendo obligaciones, como la de adherirse a un convenio para la retirada de residuos radioeléctricos o la de darse de alta como gran productor de residuos industriales". El edil indica que, además, el Consell admite la necesidad "de mejorar el control de los olores y la proliferación de gaviotas así como la contaminación de aguas subterráneas".

Al respecto, desde Ecologistas en Acción, Carlos Arribas recuerda la existencia de un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que advierte de "la contaminación por metales pesados en las aguas subterráneas". Según recoge el Consell en su informe, la empresa sostiene que esa contaminación no procede del vertedero y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que inicialmente se opuso a la ampliación, da ahora su visto bueno pero obliga a realizar análisis trimestrales para constatar que no aumenta la contaminación. Para Arribas, debería investigarse quien es el responsable y "tomar todas las medidas para evitarlo". Desde este colectivo han presentado alegaciones contra la autorización ambiental para ampliar el vertedero.

Desde Esquerra Unida recurrirán la decisión de la Conselleria y apelarán a la Comisión Europea, puesto que, según afirman, "se ha hecho un mal uso de las instalaciones y ahora el Consell avala la mala gestión y hace la vista gorda". Así lo asegura el portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, quien asevera que si en el año 2010 las instalaciones de Fontcalent "estaban colmatadas en un 65%, ahora estarán ya por el 80%". Al respecto, lamenta que "no ha llegado ni a la mitad de su vida útil por haber recibido basuras de otras zonas" -una práctica que se prohibió por el pleno a finales de 2010- y porque más de un 90% de los residuos se han enterrado" sin tratarlos.