El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia justifica las medidas cautelares acordadas sobre el expresidente de Emarsa Enrique Crespo, que incluyen su comparecencia semanal ante el juez, en que los indicios de criminalidad existentes inicialmente contra él se han "reforzado". Así lo expone el instructor del caso, Vicente Ríos, en un auto fechado el jueves y difundido ayer en el que el magistrado argumenta las medidas acordadas, y cuyo contenido íntegro sólo se le había comunicado hasta ahora a Crespo.

Las medidas, según recoge la parte dispositiva del texto, incluyen la libertad provisional del exalcalde de Manises y la obligación del que también fuera vicepresidente de la Diputación de Valencia de comparecer ante el juzgado los jueves "y siempre que se le requiera", sin poder realizar ningún cambio de domicilio sin notificación. Asimismo, el juez también reclama al jefe superior de Policía que "verifique" que no se ha expedido ningún otro pasaporte al imputado, después de que Crespo entregara el miércoles en el juzgado un pasaporte caducado y que "no pensaba renovar". El auto advierte en varias ocasiones de que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas sin causa "justificada y comunicada" podría conllevar la reforma de las medidas cautelares acordadas, pudiéndose adoptar otras como la prisión provisional.

El juez explica que las medidas cautelares se adoptan sobre alguien a quien se atribuye su participación en hechos penalmente relevantes, y que responden a la finalidad de hacer posible tanto el enjuiciamiento penal como el cumplimiento de la sentencia condenatoria que se pudiera dictar.

De este modo, recuerda que Crespo se encuentra imputado en la causa abierta por un presunto agujero económico de una cantidad "aún por determinar" -la acusación popular la cifra en 25 millones de euros y la oposición en Les Corts, en hasta 40 millones- en la gestión de la depuradora de Pinedo por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos continuado, falsedad documental y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Añade que en el periodo denunciado, entre 2004 y 2010, Crespo era presidente del consejo de administración y consejero delegado de Emarsa, y que existen "numerosos indicios" de que él y otros directivos de esta empresa pública "propiciaron y consintieron" los hechos.

Sostiene que según ha avanzado la instrucción de la causa, el auto de octubre de 2011 por el que se imputa al exalcalde de Manises, que se fundamenta en "copiosa documentación" y las declaraciones en sede judicial de varios imputados, "ha ganado firmeza".

Estos indicios y declaraciones apuntan a que Crespo era "conocedor de todo lo que acontecía", la cuantía de las sumas objeto de la investigación es "muy relevante" y los delitos que se le atribuyen revisten "gravedad".

A pesar de que la representación procesal de Crespo ha anunciado que recurrirá el auto por "desproporcionado", se recuerda que los delitos imputados a Crespo se hallan castigados con penas privativas de libertad, y califica de "razonables" las cautelares acordadas.

Destaca que, a pesar del "arraigo" de Crespo -tiene tres hijos-, "existe riesgo de fuga", así como que el imputado aún no ha prestado declaración.

También que, aunque no se encuentre ahora trabajando, el imputado posee un décimo del segundo premio de la Lotería de Navidad -si no "bastantes", como declaró entonces a algún medio de comunicación-, lo que "abriría la posibilidad de que pudiera tener medios económicos suficientes para eludir la acción de la Justicia".

Por otro lado, se apunta que con estas medidas sobre Crespo no se hace sino "equiparar su situación procesal personal a la de otros imputados" como Esteban Cuesta, Enrique Arnal, Sebastián García y José Luis Sena.