Un 70% de los 55 millones que el Ayuntamiento de Alicante debe a sus proveedores de bienes y servicios se encontraban en el cajón de "no hay dinero" por tratarse de gastos imprevistos o extraordinarios que no contaban con consignación presupuestaria. Muchas llevan en ese cajón desde hace más de un año por la falta de liquidez de las arcas municipales para poder pagarlas. Así, del conjunto de facturas pendientes remitidas al Gobierno el jueves, se contabilizan deudas por valor de 39 millones de euros que, aunque están registradas y contabilizadas, no cuentan con una aplicación en el presupuesto para poder pagarlas, como confirmaron fuentes municipales. El resto, 16 millones, sí lo están y las arcas municipales contemplan ese gasto, aunque dada la difícil situación económica tampoco han podido hacerles frente por el momento.
Ante la imposibilidad para hacer frente a todas las deudas pendientes con las empresas y particulares que prestan servicios y distribuyen material al Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno local han decidido acogerse al plan del Gobierno para acceder a financiación que le permita hacer frente al pago con los proveedores. El equipo de gobierno local tendrá que devolver el crédito que se le conceda, con un 5% de interés, en diez años, aunque durante los dos primeros sólo pagarán intereses. La deuda total que el Consistorio ha reconocido con sus proveedores de bienes y servicios -sin incluir lo que debe a las administraciones públicos o lo que se adeuda por alquileres, entre otras cosas- es de 55 millones. Entre ellas hay facturas de años anteriores, como 2009 y 2010, pero el grueso se corresponde con obligaciones de pago del 2011, según ha podido saber este diario.
El mayor problema radica en las dificultades para pagar los 39 millones de euros que no se reflejan en el presupuesto. Entre estas últimas facturas se encuentran, como apuntaron las mismas fuentes, las referentes a los servicios extraordinarios que prestan las empresas adjudicatarias fuera de lo que establecía el pliego de condiciones del contrato como, por ejemplo, los en la limpieza y recogida de basuras a consecuencia del crecimiento experimentado por la ciudad desde que se adjudicó el contrato en el año 2000.
Según el último informe de morosidad del interventor municipal -de septiembre de 2011- las facturas que el Ayuntamiento pagó en el tercer trimestre, las abonó con un plazo medio de 68 días. Sin embargo, la antigüedad media de las facturas que aguardan en el cajón a que haya consignación presupuestaria para pagarlas supera el año. Entre estas últimas se encontraban, en esa fecha, numerosas facturas referentes a ampliaciones de servicio en la limpieza y recogida de basuras, por trabajos de mantenimiento y otros trabajos extraordinarios. Algunas, incluso, procedían de 2008.
Por ahora, el Ayuntamiento sigue sin hacer pública la relación de facturas remitidas al Ministerio de Hacienda, al que deberá enviar antes del 31 de marzo un plan de viabilidad en el que justifique que en el futuro podrá hacer frente a sus deudas con los proveedores municipales.
La oposición exige al equipo de gobierno el listado de las facturas
Los grupos de la oposición exigieron ayer al equipo de gobierno local que detalle el origen de los 55 millones de deuda que el Ayuntamiento ha reconocido que mantiene con los proveedores y volvieron a denunciar la opacidad sobre las cuentas municipales.
La portavoz del PSOE, Elena Martín, indicó que ya ha solicitado formalmente "la información relativa a todas las obligaciones pendientes del pago, identificación de los acreedores, cuantía y fecha de entrada en el registro administrativo del las facturas". La edil socialista considera "escandaloso" que el edil de Hacienda, Juan Seva, no haya informado a la oposición al respecto.
Por su parte, el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, pidió por escrito toda la información remitida al Ministerio de Hacienda "a la mayor brevedad posible y que se convoque una "reunión extraordinaria y urgente de la comisión de Hacienda" en la que se informe a los grupos de la oposición sobre la documentación enviada a Madrid.
Cinco mil municipios declaran deudas por 9.584 millones
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó ayer que cerca de 5.000 ayuntamientos españoles -entre ellos varios de la provincia- han presentado 1.931.976 facturas pendientes del pago con proveedores, por importe de 9.584 millones de euros.
"Esta ha sido una medida histórica y única, no porque no se haya hecho nunca sino porque no se va a hacer nunca más", dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, antes de añadir que las administraciones públicas deben ser "creíbles y pagar lo que deben". El Estado, dijo, "ha hecho un esfuerzo pero punto y final".
A partir de ahora, Sáenz de Santamaría señaló que las corporaciones locales deberán regirse por un "plan de ajuste, ley de estabilidad presupuestaria y un código de buen gobierno con responsabilidad administrativa e incluso penal" para los gestores que pongan a las administraciones en dificultades de viabilidad. La vicepresidenta insistió en que los datos facilitados "son provisionales" porque acaban de llegar al Ministerio de Hacienda y pidió "absoluta prudencia" en el manejo de los mismos.
Antes de avanzar las cifras, la vicepresidenta pidió a los ayuntamientos que "cumplan de una vez y por todas" con los planes de ajuste para que no se vuelvan a producir situaciones como la actual, en relación a la deuda millonaria que las corporaciones tienen con los proveedores. efe
