La Fiscalía está estudiando si en el caso de las prótesis de silicona PIP puede haber un delito de imprudencia, según trascendió ayer tras un encuentro celebrada entre afectadas en la provincia con el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig. En el transcurso de esa reunión, el fiscal las emplazó a que presentaran una denuncia conjunta entre todas detallando su caso concreto, con información sobre la clínica en las que se les practicó la intervención. De todas maneras, fuentes de la Fiscalía apuntaron a que la causa podría acabar en la Audiencia Nacional ya que se trataría de hechos idénticos que se han cometido en varias provincias españolas.

En estos momentos, el ministerio público no tiene determinado si puede haber delito en el caso de las prótesis mamarias y está a la espera de contrastar con la Fiscalía General del Estado qué se está haciendo con estas denuncias en otras provincias. Algunas han ido por la vía civil y otras por la penal. En Alicante, el juzgado de Instrucción seis tiene una denuncia, paralizada a expensas de que el ministerio público se pronuncie sobre el delito que se ha cometido.

La Fiscalía estudia la posibilidad de que exista un delito de imprudencia. Según las fuentes consultadas por este diario, no habría ningún riesgo de que los hechos estuvieran prescritos, ya que la fecha no cuenta a partir de la operación, sino desde el momento en que se manifiestan los perjuicios. Se trata del mismo criterio que ya se ha aplicado en otros casos de intoxicaciones masivas, como es el envenenamiento por el aceite de colza o el llamado síndrome Ardystil. En caso de que no existiera delito, las perjudicadas tendrían la opción de acudir a la vía civil para reclamar la indemnización.

Algunas de las afectadas ya se han sometido a una segunda intervención para que les retiren la prótesis defectuosa, pero han tenido que pagar por ello, explicó la portavoz del grupo en Alicante, Ana Amat. Ella misma lleva ya pagados 10.000 euros entre las dos operaciones, "por unas prótesis que me dijeron que eran para toda la vida". Se estima que una 16.000 mujeres pueden tener prótesis de la empresa PIP en toda la Comunidad Valenciana, la mitad de ellas en la provincia.

El grupo fue a entrevistarse con el fiscal jefe para reclamar Justicia y que su caso no se paralice. Algunas mujeres tienen siliconomas en su cuerpo como consecuencia de la rotura de las prótesis y se les ha denegado información en los centros donde fueron operadas, sin que tengan dinero para quitarlas. Las afectadas recordaron que aún sin roturas las prótesis también ofrecen riesgos al exudar.