El tiempo es, en general, relativo. Y los plazos en la Administración más. Por ejemplo una "vía ejecutiva" para consumar un embargo puede durar semanas o más de cinco años, de momento. Y una "fase de apremio" puede hacer honor a su nombre o puede empezar a mediados de 2007 y hoy seguir sin resolverse. La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova), entidad impulsada políticamente por el exconseller Rafael Blasco para fragmentar el movimiento vecinal aglutinado en Cave-cova, adeuda desde 2006 al Servef 213.350 euros por reintegros no satisfechos de subvenciones que no fue capaz de justificar con facturas. Se trata de ayudas por el plan integral de perceptores de la Renta Activa de Inserción (RAI), acciones de orientación laboral y talleres de empleo.
Son ayudas que debería haber devuelto al Servef en 2006. No lo hizo. Favcova y el resto del entramado vecinal y asociativo con denominación de origen Blasco -entidades de consumidores o culturales, entre otras- se llevó 12, 5 millones de euros de la práctica totalidad de conselleries (Economía, Bienestar Social, Presidencia, Sanidad, Justicia, Territorio, Cultura o Industria), de las diputaciones o de la Fundación Agua y Progreso.
El Servef detectó irregularidades en las ayudas a cursos de formación a una trama que aportó facturas de justificación de gastos pagadas a firmas como Sociedad Valenciana de Estudios e Investigación, Gesindelo o Lapso Comunicación, empresas de los propios dirigentes del entramado. Hasta el punto de que llegó a hallar un convenio firmado por la misma persona en representación de las dos partes.
En esencia, el mecanismo de funcionamiento era similar al del entramado de ONG. El Consell otorgaba ayudas a entidades que contrataban con firmas de los propios dirigentes del tinglado clientelar. En el caso del conglomerado asociativo, firmas de Fernando Piera o Carlos Ruiz, entre otros. Estos dos y otros dirigentes impulsaron el Partido Social Demócrata (PSD), en el que se encuadró el blasquista PSI de la Ribera y en el que también participaron personas protagonistas de la segunda estructura de la factoría Blasco: la trama de Cooperación. Es el caso de Christine Bernadette o Adolfo Soler. Ni siquiera con anomalías fue capaz Favcova de justificar el destino de la subvención. El diputado socialista Antonio Torres preguntó el 7 de marzo de 2007 por la justificación de las ayudas millonarias.
El 29 de agosto, el entonces vicepresidente y conseller de Economía, Gerardo Camps, apuntó: "se encuentra en vía ejecutiva, con embargo de bienes" la parte correspondiente a la renta de integración y en "fase de apremio" o con "propuesta de incautación de aval", el resto. Es más, el vicepresidente incluso anunció que, una vez finalizado el expediente de reintegro del dinero, "se valorará la posibilidad de iniciar expediente sancionador (...) por los presuntos hechos irregulares que no han prescrito". La diligencia de embargo estaba viva en diciembre de 2008, como el resto de medidas. Fue pasando el tiempo y el 8 de septiembre de 2009, el propio Gerardo Camps anunció que la reclamación de la deuda seguía en vía ejecutiva: 201.483 euros, más 12.044 por los intereses de demora. La misma explicación se dio en julio de 2010.
Vulneran la ley de subvenciones
El 7 de noviembre de 2011 se produjo la primera novedad en este extraño caso del embargo e incautación del aval que no se rematan. La explicación fue la misma: "encontrándose a día de hoy en vía ejecutiva el reintegro correspondiente" y "existiendo propuesta de esta Administración para la incautación del aval". El escrito de respuesta fue firmado por José Císcar, entonces conseller de Educación, Formación y Empleo. Esa fue la novedad.
Desde el Consell informaron a este diario de que este expediente "no ha prescrito" porque, dicen, se han realizado trámites que evitan que haya muerto. Entre las irregularidades en las ayudas a esta trama destaca la concesión de ayudas a Favcova desde Bienestar Social y Cooperación -cuando estaba adscrita a Presidencia- pese a ser deudora de la Generalitat, lo cual vulnera el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones de 2003.
