Un ataque a las instituciones que no comparte. Así calificó ayer la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, las manifestaciones de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en las que aseguró que la Fiscalía Anticorrupción y la Policía, que están investigando el caso Brugal, buscan acabar con su carrera política. "Declaraciones de este tipo no contribuyen a que los ciudadanos crean en la Justicia y perjudican al Estado de Derecho", dijo Bravo, quien explicó que, a su entender, la libertad de expresión de todos los ciudadanos "es respetable" pero dijo no compartir "esa libertad cuando se traduce en un ataque contra las instituciones".
Gabriela Bravo se refirió así a las declaraciones de Castedo durante la presentación de las IX Jornadas de Derecho Penal, Criminología y Derecho Penitenciario que ayer comenzaron en la Universidad de Alicante. Aunque precisó no querer valorar "lo que dice un cargo público sobre un tema que, además, le afecta personalmente", incidió en que se trata de "manifestaciones que no ayudan a que el ciudadano crea en la Justicia".
Por su parte, el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, afirmó que no iba a entrar a valorar declaraciones "tan disparatadas" e "irreales". "Lo único que tengo que decir es que la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción trabajan, única y exclusivamente, bajo el imperio de la ley, exactamente igual que la Policía y los jueces".
Desde el Cuerpo Nacional de Policía se declinó realizar ningún tipo de valoración sobre las manifestaciones de Castedo, quien en una entrevista concedida el martes a la Cadena SER de Alicante acusó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Policía de querer acabar con su carrera política. "No puedo luchar mediáticamente contra Policía y Fiscalía porque siempre se les va a creer a ellos", dijo la regidora.
El portavoz del grupo municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, remitió ayer un comunicado sosteniendo que pedirá la dimisión de la alcaldesa "si finalmente termina siendo imputada por la causa derivada de Brugal que investiga presuntas irregularidades en el Plan General de Alicante". Según Pavón, Castedo "ha vuelto a delirar con nuevos ataques a la Fiscalía y a la Policía".
Por otro lado, fuentes del CGPJ explicaron que la plaza titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (que investiga el caso Brugal) ha quedado desierta al no haber optado a ella ningún juez, por lo que, de momento, seguirá la juez que ha sucedido en a Carlos San Martín, Ana Belén Cordero.
"Reforma profunda"
Respecto a las previsiones de más recortes en materia de Justicia, la portavoz del CGPJ señaló que lo que "realmente hace falta es una reforma profunda, y más en estos tiempos de crisis". "Necesitamos un sistema y cambios legislativos que garanticen una solución en un tiempo razonable e invertir en un modelo obsoleto es seguir financiando la ineficiencia y eso seguirá llevando al derroche", matizó Bravo, quien se mostró a favor de una reconversión de los partidos judiciales. Indicó que la Comunidad es la quinta de España en litigiosidad y que se han adoptado planes de apoyo en distintas jurisdicciones. Respecto a la posibilidad de implantar el copago fue contundente: "no soy partidaria de nuevas tasas al ciudadano y menos en este momento".
