Doscientos universitarios plantaron ayer una barricada de sillas y mesas que impidió el acceso de profesores, alumnos y administrativos durante 24 horas al edificio de Geografía e Historia. La medida de la Plataforma de Estudiantes, acordada previamente con la Facultad de Letras, se repetirá el miércoles próximo en otro de los centros, Ciencias o el Aulario 3, como indicó un portavoz. El propio decano, Jorge Olcina, reconocía la dificultad de contentar a todas las partes y aseguró que se pondrán todos los medios para "recuperar las horas perdidas por el cierre del edificio".

Olcina también valoró la "tolerancia" de cuantos no pudieron acceder a clase -sólo protestó uno de los docentes- así como la "sensatez" de los manifestantes. Aseguró que en su decisión de no requerir a las fuerzas de seguridad contó con el apoyo del Rectorado.

Los estudiantes, por su parte, aprovecharon a sus representantes en el Claustro universitario -que ayer celebró una de sus contadas sesiones a lo largo del curso- para repetir ante el rector sus reivindicaciones contra la aplicación del Plan Bolonia hasta 2015 y exigirle un referéndum. Jiménez Raneda -quien dio lectura a su informe del curso lamentando las dificultades de financiación por el retraso del Consell en los pagos-, hizo saber que la consulta debe hacerse entre los claustrales y que debe solicitarla el propio Claustro.

La consellera, "cansada"

La titular de Educación, María José Catalá, se quejó ayer de la imagen que dan las sucesivas movilizaciones estudiantiles. "Estoy cansada de que se dé una imagen de la Comunidad que no responde a la realidad", declaró en Valencia, donde hace unas semanas varios alumnos sufrieron una carga policial. "No estamos tan mal -prosiguió Catalá-. No nos comparemos con una situación que no estamos viviendo -dijo en referencia a Grecia-. No se le puede pedir a la Administración una mejora en la calidad cuando en horario lectivo uno deja de ir a clase", concluyó en oposición a la huelga del martes.

Papás y niños

Frente a los argumentos de la máxima autoridad educativa, 1.500 padres y alumnos de una veintena de colegios e institutos de Alicante denunciaron las deficiencias que sufren sus centros en tres movilizaciones que coincidieron en el tiempo pero en distintas zonas de la ciudad.Los centros del distrito de Los Ángeles se concentraron ante el San Nicolás de Bari; los de playa San Juan en la rotonda Sergio Cardell del tranvía; y los de San Blas, los más numerosos, recorrieron el distrito hasta concluir con un encierro en el Instituto Miguel Hernández. Cada uno de los centros protagonizó una de las motivaciones y déficits de la protesta: el IES Jorge Juan, el retraso en los pagos; el Joaquín Sorolla, los problemas del valenciano; el Santo Domingo, las sustituciones docentes; el Ramón Llull, la precariedad de las instalaciones; el San Fernando, el impago de las becas de comedor y transporte, al igual que La Aneja y El Tossal, protagonizando una sentada masiva que cortó el tráfico un cuarto de hora.

Educación, por fin, pagó a las escuelas infantiles los 12 millones de euros que les debía del año pasado y la alcaldesa Castedo se reunió con los representantes docentes para transmitir al Consell la precaria situación de los centros si faltan los interinos desde julio.