Hoy, uno de marzo, está marcado en rojo en el calendario de miles de empleados públicos valencianos. Es el día que entra en vigor el decreto de medidas urgentes aprobadas por el Ejecutivo valenciano el pasado día 5 de enero y que, entre otras cuestiones, conlleva importantes reducciones salariales a médicos, docentes e interinos. Los ánimos en la función pública están encendidos y los sindicatos están que trinan, ya que no sólo no han podido parar el decreto con sus protestas sino que, además, más de medio centenar de delegados sindicales se enfrentan a sanciones por los encierros protagonizados en edificios públicos.
La policía autonómica, dependiente de la Generalitat, ha denunciado por ocupación ilegal a un total de 55 miembros de las juntas de personal y del comité de empresa por las protestas en las consellerias. La denuncia por la vía penal está en curso y varios de los denunciados han sido dictados para el día 20 de marzo por el juzgado.
La respuesta del Consell ante los encierros ha indignado a los sindicatos que, ayer, unificaron posturas de cara a la Mesa General convocada por Hacienda para hoy. El conseller José Manuel Vela presentó hace dos días una propuesta para, en apariencia, tratar de suavizar las medidas adoptadas en el capítulo de personal. Los sindicatos exigen, para empezar a hablar, que se retiren las denuncias y, después, el decreto. Hacienda meditaba ayer retirar las denuncias.
