Devolver los procesos al estado en que se encontraban el pasado junio, justo antes de que el magistrado Carlos San Martín acordara la nulidad de una buena parte de las intervenciones telefónicas y de que, a continuación, las defensas de los procesados presentaran un aluvión de recursos en los que plantearon ampliar la estas nulidades y dejar sin validez registros como el que se llevó a cabo en la planta de residuos que el empresario e imputado Ángel Fenoll tiene en La Murada-Abanilla, situado en una franja fronteriza entre las provincias de Alicante y Murcia.
Ésta es la solución por la que se han decantado los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia provincial con sede en Elche en lo que va a ser la segunda entrega de resoluciones, en esta ocasión por los recursos planteados por los abogados de los imputados en los dos procesos de las basuras que se están instruyendo en Orihuela: el de la contrata municipal y el de la adjudicación de la planta de residuos de la Vega Baja. En estos asuntos están implicados, entre otros, el expresidente de la Diputación de Alicante y actual responsable de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll y Rafael Gregory. Esta nueva resolución de la Audiencia, que sigue a la que se dictó la semana pasada en respuesta al recurso interpuesto por el fiscal anticorrupción y que validó hasta el momento del juicio todos los pinchazos, aplica idéntico criterio en relación a las apelaciones planteadas por los representantes jurídicos de los pocesados que planteaban desde la ampliación de las nulidades de las escuchas hasta la de la entrada en un vertedero propiedad de Ángel Fenoll ubicado entre Alicante y Murcia, uno de los pocos registros recurridos por entender que se trataba de territorio murciano.
En la misma línea que las anteriores resoluciones, y siguiendo también la estela del magistrado Manrique Tejada (instructor de la pieza separada del caso Brugal que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante), que validó todas las escuchas relativas a este proceso (un resolución que después validó la Sección Primera de la Audiencia), los magistrados de Elche consideran que éste no es el momento de pronunciarse sobre unas cuestiones que, según entienden, deben ser resueltas en los preliminares de la vista oral que se celebre por estas supuestas irregularidades del mayor proceso por un presunto caso de corrupción político-empresarial que se ha investigado en Alicante.
