La policía estima que el presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la anterior Conselleria de Solidaridad a las fundaciones Cyes y Hemisferio puede rondar los siete millones de euros, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. En concreto, el fraude serían cinco millones de la trama de ONG y 1,8 millones por la subvención concedida por el Consell para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua que supuestamente acabó en la compra de inmuebles en Valencia.
La operación policial la ha realizado la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera -UDEF- con sede en Madrid. Fuentes próximas al caso explicaron que más de cuarenta agentes y tres comisarios de la UDEF en la capital de España se desplazaron a Valencia para practicar los registros. Este operativo estuvo respaldado por policías de Valencia y Alicante, en este caso para los registros y la detención realizada en Torrevieja. El fiscal Anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, estuvo presente en el registro de la sede de la Dirección General de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social en la calle del Pozo. Carrasco no quiso hacer declaraciones cuando fue preguntado.
El registro en la dirección general comenzó sobre las 12 horas y terminó una hora y media después. El director general Josep Maria Felip estuvo en las dependencias durante la operación. La policía confiscó documentación escrita y copió datos de los discos duros. Felip salió de allí en un coche camuflado de la policía nacional para pasar a comisaría donde le tomaron declaración como a los otros imputados. Al director general la policía no le puso esposas al detenerlo.
Los agentes de la UDEF salieron de las dependencias de la dirección general con numeroso material entre el que destacaba una gran caja de cartón, seguramente donde habría expedientes de cooperación. Cabe recordar que el fiscal ya solicitó todos los expedientes a la conselleria que dirigía Rafael Blasco. Además, los documentos relativos al proyecto de los pozos en Nicaragua los aportó la diputado socialista Clara Tirado cuando presentó la denuncia.
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, dio órdenes a los trabajadores para que la colaboración con la policía fuera "absoluta" y que dieran todas las facilidades a los investigadores. Un portavoz de la conselleria apuntó: "Nuestra postura es de absoluta transparencia y colaboración con la justicia porque somos los primeros interesados en que esto se aclare".
A parte de los 14 detenidos, fuentes judiciales apuntaron ayer que podría haber imputados no arrestados por lo que el número de implicados en esta macrooperación podría alcanzar la veintena de personas. Uno de los ahora detenidos intentó hablar esta semana con el fiscal Anticorrupción para mostrar su versión de la trama. Carrasco no quiso recibirlo durante el martes y ayer acabó en dependencias policiales.
El grado de implicación de los diferentes detenidos varía según el dinero que han manejado o si pertenecen a una administración pública. Los nombres de los arrestados no trascendieron aunque la gran mayoría ya surgió cuando este diario destapó la trama. Los cargos públicos detenidos formaban parte de la columna vertebral de la Conselleria de Solidaridad cuando Blasco estaba al frente. Es más, los situó él directamente para sus puestos en la gestión de las ayudas.
La juez del accidente del metro de Valencia está al frente del caso
La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, se hizo cargo del caso en mayo. La Fiscalía presentó la denuncia en mayo al apreciar indicios de delito en las diligencias de investigación que abrió. El fiscal del caso, Jesús Carrasco, es el responsable del departamento de Anticorrupción en Valencia. El caso cayó en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por reparto. Nieves Molina fue la magistrada que investigó el accidente de metro que le costó la vida a 43 personas en Valencia y que archivó el caso al considerar que no había indicios de delito.
Por otro lado, la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CVONGD) mostró su "indignación" ante la detención del director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep María Felip. En un comunicado, la coordinadora hizo pública su "preocupación por la gravedad de los hechos que se investigan" y mostró su esperanza en que la investigación abierta por la Fiscalía "permita aclarar lo sucedido lo más pronto posible y que la Generalitat concrete las responsabilidades políticas de esta situación". "Desde la CVONGD mostramos nuestra indignación ante los indicios evidentes de desvío de fondos destinados a países más empobrecidos y que han sido utilizados para otros fines", lamentó la asociación. redacción
