La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia toma declaración desde primera hora de la mañana a los catorce detenidos por una supuesta trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación.
El primero en comparecer, según han informado a EFE fuentes jurídicas, ha sido Fernando Darder, presidente de Esperanza sin Fronteras, una de las ONG que utilizaba supuestamente la fundación Hemisferio para desviar el dinero público.
Darder, que ha pasado la noche en los calabozos de la Ciudad de la Justicia junto al resto de detenidos, está prestando declaración desde las 10.30 horas y aún no ha concluido.
Según las citadas fuentes, la jueza podría ampliar hasta el próximo domingo la toma de declaración de los arrestados -entre ellos el exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip- si las sucesivas comparecencias se prolongan durante tanto tiempo como ésta, al estar el juzgado en funciones de guardia durante este fin de semana.
La próxima en ser interrogada será Christine Bernadette, presidenta de la ONG Asa de África, otra organización a la que se vincula a la trama.
Los catorce detenidos forman parte de una operación policial practicada ayer en Valencia por orden del Juzgado, que lleva investigando este caso desde el pasado año, a raíz de una denuncia de la coalición parlamentaria Compromís que fue tramitada por la Fiscalía Anticorrupción.
Este grupo reveló un supuesto trato de favor de la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Hemisferio para la concesión de subvenciones, organización que a su vez habría desarrollado "toda una trama" para "desviar" fondos públicos.
La diputada Mireia Mollà denunció que esa fundación hacía los proyectos de cooperación para otras fundaciones, que lograban las subvenciones de la Conselleria gracias a que tenían una "relación directa" con ella, y que, por ejemplo, cobraban antes de que empezaran los proyectos o recibían dinero para cursos de formación que no hacían.
La política en materia de cooperación del anterior Consell fue también puesta en entredicho en octubre de 2010, cuando el PSPV denunció ante la Fiscalía la adjudicación de unos proyectos a la fundación Cyes (no confundir con la constructora del mismo nombre) por cerca de dos millones de euros para construir pozos de agua en Nicaragua y para un programa de alimentación.
Una de las organizaciones vinculadas a la trama resultó adjudicataria de la construcción de un hospital en Haití por cuatro millones de euros para los damnificados del terremoto, proyecto que se paralizó por falta de fondos sin que se conozca cuánto dinero ha recibido.
Según fuentes de la investigación, entre una concesiones y otras, la suma de fondos públicos para cooperación desviados para otros fines podría ascender a unos nueve millones de euros.
