El portavoz del PP en las Cortes y conseller de Solidaridad en la anterior legislatura, Rafael Blasco, cambió ayer el guión del compromiso público que adquirió en 2010 y, presionado por las informaciones que iban llegando sobre el caso, aseguró en los pasillos de la Cámara que sólo dimitirá si se demuestra que él personalmente tiene responsabilidad en el asunto. El 8 de octubre de 2010, en medio del escándalo por el supuesto desvío de fondos de Cooperación, Blasco anunció la remisión del expediente sobre las subvenciones a la fundación Cyes que pudieron servir para la compra de inmuebles de la entidad a la Físcalía del TSJ y aseguró que si se apreciaban irregularidades, dimitiría.

"Si hay alguna responsabilidad política, la asumiré; si la fiscalía detecta algún nivel de responsabilidad e, independientemente de la cuestión judicial, tengo que pedir explicaciones, yo me iré a casa". Tras negar cualquier irregularidad, insistió entonces en que envió el expediente al fiscal "para que, si se encuentra algún tipo de anomalía, se pueda plantear. Si se puede subsanar, se subsanará y si hay alguna responsabilidad, del tipo que sea, se tomarán las responsabilidades correspondientes". Ayer, primero matizó que ya no es titular de Solidaridad y después, sus palabras: "Yo dije que si había alguna responsabilidad mía al frente de la conselleria presentaría la dimisión".

"Yo no tengo nada que ver"

Quizá por ello, Blasco, muy nervioso y que llegó a encararse con varios periodistas, defendió a capa y espada al director general de Cooperación, Josep Maria Felip, de quien dijo que es "una persona honesta" cuya detención atribuyó a "un error que no tendrá ninguna consecuencia judicial", pero se cuidó mucho en dejar claro que las actuaciones no van contra él, ya que, en ese caso, como persona aforada (al ser diputado), sería un juez del TSJ y no otro ordinario el que llevara el asunto. "Si el juez que me puede citar no me ha citado, es que no tengo nada que ver", enfatizó. En esa línea, recordó que aquel mismo 8 de octubre la Fiscalía dictó una resolución en la que no apreciaba responsabilidad penal en personas aforadas; es decir, en el conseller.

Cargó contra la oposición por pedir dimisiones, las de Felip y la de él mismo, "sin saber el fondo de lo ocurrido" y subiéndose al "tren de la demagogia y la falta de respeto a la democracia". Hora y media después, el presidente Fabra destituía a los dos altos cargos implicados. Para Blasco, "lo que ha sucedido, aunque excepcional, no significa ningún síntoma de culpabilidad". El portavoz dijo que las ayudas "están perfectas" y negó el desvío de fondos para comprar pisos, que se manipulara el expediente y que dos directoras generales anteriores se negaran a firmar el expediente que avaló Felip. Apeló a la presunción de inocencia, invocando la absolución de Camps en la causa de los trajes. "Me preocupa mucho que hayan detenido a un director general", admitió, no obstante. A la pregunta de si los detenidos tenían su confianza, no contestó directamente: Lo que hicieron, dijo, "está muy bien" y pasó "todos los controles y auditorías".